Lunes, 26 de junio de 2017

43: una cifra que se suma a un sinnúmero de violaciones de derechos humanos en México

México, un país con una alta cifra de violaciones de derechos humanos, frecuentemente está bajo la crítica de organismos no gubernamentales e incluso de la comunidad internacional, quienes han reprobado a través de informes y resoluciones las injusticias documentadas desde hace décadas.

Por Alexis Silva Tosca, activista por los Derechos Humanos

     Se sabe que muchos actos han quedado en la más infame impunidad y, con el paso del tiempo, solo persisten en la memoria de algunos, como la represión a las manifestaciones de estudiantes del 2 de octubre de 1968 que trajo como consecuencia la masacre de muchos de ellos en la capital mexicana, quedando este suceso solo como un capítulo trágico de la historia de dicho país. Sin embargo, algunas personas no olvidan y, con el afán de vivificar la justicia, se movilizan en las calles para expresar su descontento con la situación política a pesar de los años que hayan transcurrido.

     Este fue el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, al sur de la capital mexicana, quienes desaparecieron forzosamente entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en su intento frustrado por acudir a una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar precisamente a los estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968. Si bien los estudiantes inicialmente habían tomado posesión indebida de autobuses comerciales para dirigirse a su destino, esta no era razón suficiente ni legal para que se tomaran dichas medidas en su contra, que dejaron como saldo muertos, heridos y desaparecidos.

     Increíblemente o más bien, creíble en un país en el que los errores gubernamentales han hecho de la injusticia y la corrupción tópicos comunes a nivel internacional ya han pasado más de dos años desde ese lamentable suceso aún impune, y algunas deficiencias en la investigación de los hechos por parte del gobierno federal hacen suponer que la consecución de justicia esté siendo obstruida de manera intencional. Como sustento de dicha suposición, puede apreciarse que, desde las primeras semanas siguientes a la desaparición de los normalistas, una ola de versiones distintas comenzó a rodear la investigación de los acontecimientos, de tal manera que la versión sostenida por la Procuraduría General de la República (PGR) máxima fiscalía del gobierno mexicano— es que los estudiantes fueron entregados por la policía local a miembros de una organización delictiva denomida "Guerreros Unidos", quienes los asesinaron y, finalmente, los incineraron en el basurero de Cocula, arrojando lo poco que quedaba de ellos al río San Juan, lo cual se determinó a partir de las declaraciones de algunos miembros capturados de dicha organización delictiva.

     A pesar de esta versión oficial, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), gracias a un acuerdo celebrado entre ésta y el gobierno federal para dar cumplimiento a la medida cautelar otorgada por este organismo al Estado mexicano— concluyó con dos informes sobre el caso que la versión de los hechos descrita por el ejecutivo era una falacia, ya que, entre otras cosas, era científicamente imposible incinerar dicho número de cuerpos con tan poca cantidad de combustible y a la intemperie. Al parecer, dichos informes significaron para el gobierno mexicano un trago amargo que tenían que evitar a toda costa, por lo que el acuerdo se rompió y la actividad del GIEI se vio obstaculizada, puesto que, además de esas especulaciones, también este grupo de expertos señalaba que había indicios de tortura en el interrogatorio de los detenidos, sumándose a esto el testimonio de algunas personas que aseguran haber visto a policías federales la noche de los hechos y, como especifica el Informe 2015/16 de Amnistía Internacional, “El GIEI confirmó que unos agentes de inteligencia militar vestidos de civil habían seguido y vigilado a los estudiantes durante los ataques y las detenciones, y que las autoridades municipales, estatales y federales habían estado al corriente de dichos ataques”.

      Hasta el momento, lo único que se sabe con certeza es que algunas muestras de los restos incinerados y encontrados en el río San Juan coinciden con el ADN de dos de los jóvenes estudiantes desaparecidos. No obstante, todavía pesa sobre la comunidad internacional y organismos internacionales de derechos humanos preguntas como: ¿Qué pasó con el resto de los estudiantes? ¿Acaso continúan con vida? ¿El gobierno federal quiere ocultar la verdad histórica de los hechos? Al respecto, Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, en el marco del doloroso segundo aniversario de la desaparición de los normalistas manifestó: “La desaparición de estos 43 jóvenes es emblemática de todo lo que es injusto en México. Los derechos humanos no son más que una ilusión para los miles de hombres, mujeres, niños y niñas que cada año son víctimas de tortura, asesinato y desaparición y que seguirán siéndolo mientras las autoridades insisten en decir que todo va bien.” La misma indignación e impotencia invade a los padres de los estudiantes desaparecidos y a muchos otros miles de mexicanos que continúan en busca de la verdad e incluso del paradero de los estudiantes, tal como se apreció el día 26 del pasado mes de septiembre de 2016 en la movilización en apoyo a las víctimas de este caso.