Iniciativas parlamentarias

Durante esta semana, el Congreso de los Diputados ha apoyado algunas iniciativas de los grupos parlamentarios de la oposición, a las que ha votado en contra el PP. No tiene demasiada lógica política que el grupo parlamentario que sustenta al gobierno de la nación se oponga a iniciativas que pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir los desequilibrios económicos que generan desigualdades, marginalidad y pobreza.

La primera iniciativa, por 177 votos a favor (todos los grupos políticos de la oposición) y 165 en contra (los de PP y Ciudadanos), es la denominada "paga mínima de ciudadanía", destinada a personas de edades comprendidas entre 18 y 65 años, que tengan ingresos inferiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, es decir, para personas en situación de pobreza.

Paradójicamente, esta importante medida social si "sale viva" de los trámites parlamentarios y entra en vigor, servirá, sin duda, de mecanismo corrector de desequilibrios sociales y contribuirá a paliar el riesgo de exclusión social en España, uno de los países de la UE donde más se ha incrementado el número de personas que se encuentran en riesgo de pobreza en los últimos años, debido a la crisis económica y a las políticas ultra liberales de los gobiernos de turno.

Desde el PP se argumenta que no hay recursos económicos para financiar la medida, cuando, al parecer, sí los hay, porque han disminuido las prestaciones por desempleo, desde los 30 mil millones de euros que se gastaban en 2011 hasta los 18 mil millones actuales. Con ese dinero se beneficiarían un total de 2,4 millones de personas, incluso aún sobraría, porque el presupuesto total sería de 11 mil millones de euros, según las estimaciones realizadas.

Este tipo de medidas, como es lógico, deben ser siempre excepcionales, es decir, para situaciones de necesidad debidamente acreditadas, que deben retirarse en cuanto esas personas hayan resuelto la situación de exclusión social que motivó la prestación y tengan recursos suficientes en el futuro para no volver a la situación inicial. Por tanto, no puede argumentarse, como ha hecho el PP, que no se puede implantar esta prestación porque no hay recursos económicos para abordarla, poniendo en peligro el pacto de estabilidad y que, además, pueda generar un efecto llamada a ciudadanos de otros países. Si la administración posee los controles y fiscalización adecuados, las ayudas se pueden dispensar con absoluta garantía, y no se trata de hacer demagogia, sino ajustarse a la realidad de las necesidades económicas que muchas familias están padeciendo. Además, viene a completar las prestaciones que tienen previstas las Comunidades Autónomas para tal menester. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, por ejemplo, prevé, en su artículo 13.9, la denominada "renta garantizada de ciudadanía", que dispone lo siguiente: "tendrán derecho a acceder a la misma los ciudadanos de Castilla y León que se encuentren en riesgo de exclusión social", aunque en este caso las personas que pueden acceder a las ayudas son los comprendidos entre los 25 y los 64 años.

El mismo día en que apareció esta información, los medios de comunicación recogieron la crónica diaria de la corrupción política. Por un lado, el presidente de Murcia será investigado por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, fraude contra las administraciones públicas, falsedad en documento oficial y malversación de caudales publicos por el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, de Lorca, cuando el referido presidente era alcalde de esta localidad. Por otro, también se recoge que en Cataluña han detenido a 13 personas relacionadas con el famoso 3 % que en su día denunció Pasqual Maragall en el Parlamento catalán, en relación a las presuntas comisiones que Convergencia Democrática de Cataluña cobraba a las empresas a cambio de adjudicaciones de obras. Estas cantidades, al parecer, se donaban al partido. Para finalizar la crónica negra, también se hacen eco los medios de comunicación de que, al parecer, el Canal de Isabel II (empresa publica de la Comunidad de Madrid) pagó a abogados privados (no utilizó sus propios abogados) cantidades de hasta 20.500 euros para evitar el derribo del campo de golf que ilegalmente se construyó (así se determinó en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid) bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Al parecer, estos pagos se realizaron entre los años 2015 y 2016. Algo tendrá que decir la nueva presidente de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Recordemos que lleva en el cargo desde las últimas elecciones autonómicas, en 2015.

Todo esto provoca irritación en la ciudadanía, porque se está transmitiendo que no hay dinero público para una prestación social, como "la paga mínima indefinida", pero sí lo ha habido para desviarlo a otros fines diferentes a servicios y prestaciones públicas.

La segunda iniciativa se ha aprobado a propuesta de Ciudadanos y la han apoyado todos los grupos políticos menos el PP. Es la de instar al gobierno a que baje el IVA cultural, del 21 al 10 % para las salas de cine, de teatro y los espectáculos en directo. Esto, por otra parte, formaba parte del pacto de investidura entre Ciudadanos y el PP. Es una importante medida que provocará que más personas puedan acceder a este tipo de actividades culturales.