Irresponsabilidad de los países desarrollados en la delincuencia empresarial e “hipocresía...

Autor: Miguel Anza, activista por los derechos humanos

En Países como Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido no se toman las medidas necesarias para exigir responsabilidad penal a las empresas por delitos contra los Derechos Humanos, especialmente en el extranjero. Es por eso que se presenta el nuevo conjunto de principios para hacer frente a la delincuencia empresarial llevada a cabo por Amnistía Internacional y el grupo ICAR (The International Corporate Accountability Roundtable).

"Ninguna empresa, por muy poderosa que sea, debe estar por encima de la ley, y sin embargo, en los últimos 15 años ningún país ha llevado a una empresa a juicio cuando hay ONGs que han presentado pruebas de su implicación en delitos de violación de Derechos Humanos cometidos en el extranjero. La incapacidad y la falta de voluntad de los gobiernos para cumplir las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional y enfrentarse a las empresas que cometen abusos contra los herechos humanos da a entender que son demasiado poderosas para procesarlas", ha declarado Seema Joshi, responsable del equipo de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Estos nuevos principios pretenden luchar y hacer visibles una amplia gama de delitos relacionados con abusos contra los derechos humanos, como el trabajo forzoso, el tráfico de seres humanos, los crímenes de guerra, los delitos económicos y los daños al medio ambiente. La mayoría de estos casos son en zonas inestables, azotadas por la guerra y la mentalidad de "ojos que no ven, corazón que no siente" de los gobiernos de los países en los que están radicadas estas empresas, lo cual revela un doble rasero letal. Si esto mismo ocurriese en ciudades como Londres o Nueva York nadie sería espectador pasivo de dichos abusos, nos cuenta Seema Joshi.

Algunos sistemas de justicia nacional no tienen competencia sobre delitos perpetrados por sus empresas en otros países. Incluso cuando la tienen, el poder y la influencia económica de las empresas hace que las autoridades sean reacias a actuar. A menudo esto significa una total impunidad de las empresas cuando están implicadas en actividades delictivas en el extranjero.

"Es escandaloso que en algunos de estos casos las víctimas aún no han recibido reparación por terribles delitos. Por ejemplo, ningún gobierno ha investigado adecuadamente la presunta implicación de la multinacional australocanadiense Anvil Mining en la matanza de Kilwa en la República Democrática del Congo en 2004, donde las fuerzas gubernamentales mataron y torturaron a civiles", ha señalado Amol Mehra, Director de ICAR. Otro ejemplo es la multinacional Trafigura se había conspirado para verter residuos tóxicos en Costa de Marfil en 2006, uno de los peores desastres causados por empresas del siglo XXI; información filtrada hace poco por el gobierno británico a Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional e ICAR han documentado otros 20 ejemplos en los que las autoridades no han emprendido acciones judiciales contra multinacionales a pesar de habérseles facilitado pruebas de conducta ilegal vinculada a graves abusos contra los derechos humanos en otros países.

En cualquier caso, es innegable que dichos principios están salvando la brecha judicial en estos casos muchas veces invisibles. Por ejemplo, el caso del enjuiciamiento con éxito en Países bajos por crímenes de guerra del empresario neerlandés Frans van Anraat, por suministrar al régimen de Sadam Husein sustancias químicas utilizadas en ataques con armas químicas contra la población kurda en 1987 y 1988.

Este mismo año en Paris se celebró el Salón del Automóvil donde se exponen los nuevos modelos de coches electrónicos ecológicos, Amnistía Internacional instó a los principales fabricantes a "jugar limpio" con los consumidores informándoles de cómo funciona su cadena de producción y si está libre de abusos a los derechos humanos como el trabajo infantil.

En concreto el cobalto que se extrae en la Republica del Congo con mano de obra infantil, posteriormente llevado a empresas desconocidas del sur-este asiático las cuales lo manufacturan en condicionas dudosas para luego venderlas a empresas de batería como son las de los coches eléctricos; especialmente empresas como Tesla, General Motors y el resto de marcas que se suben a la moda "ecológica de lujo". BMW y Fiat Chyrsler se muestran más transparentes con respecto a las políticas de derechos humanos, pero no cumplen las normas internacionales. En cambio General Motors y Tesla no respondieron a la solicitud de Amnistía Internacional para que proporcionaran pruebas sobre cómo identifican y abordan posibles abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto, sobre todo en relación con el trabajo infantil. Renault afirmó que respondería a Amnistía "lo antes posible", sin proporcionar ninguna otra información más.

La OCDE exige que las empresas que extraigan cobalto en zonas de alto riesgo deben conocer los talleres y los métodos utilizados en las refinerías del país para así asegurarse de que la producción de sus productos no viola los derechos humanos, pero ninguna de las empresas pudo disponer de dicha información. En Francia, la Asamblea Nacional ha aprobado un proyecto de ley por el que se obligaría a las grandes empresas francesas, como Renault, a prevenir abusos contra los derechos humanos en su cadena de suministro. En octubre, se someterá a debate en el Senado. Es un gran ejemplo de cómo un estado se asegura de que sus empresas tomen en serio los derechos humanos en su cadena de suministros.