Sábado, 21 de octubre de 2017

OCU denuncia la gran diferencia entre velocidad prometida y real en contratos de acceso a internet

La velocidad real en las conexiones de 300 megas se sitúa en el 60% de lo prometido por las operadoras

Una vez transcurrido un mes desde el lanzamiento de la campaña ‘Dame la Velocidad que Pago’ para reclamar que se garantice la velocidad de internet ofertada por las operadoras, OCU acaba de dar a conocer los primeros resultados de las mediciones realizadas a través de la herramienta puesta a disposición de los internautas que se han unido a su petición. 

Hasta le fecha se han hecho cerca de 8.000 mediciones de velocidad, un 41% de ellas sobre líneas de ADSL/VDSL y un 55% sobre Fibra Óptica/cable. De todas ellas un 38% de los usuarios son clientes de Movistar, un 21% de Vodafone-ONO, un 14% de Jazztel y un 11% de Orange. 

Teniendo en cuenta aquellos servicios en los que han participado al menos 50 usuarios, OCU destaca que en aquellos con tecnología ADSL/VDSL se obtiene de media tan solo un 50% de la velocidad indicada como contratada, mientras que en el caso de las conexiones a través de fibra/cable la situación es mejor al lograrse velocidades que alcanzan hasta el 86% de la velocidad prometida por el operador.

A pesar de los mejores resultados globales que arrojan las mediciones realizadas sobre líneas de fibra óptica, desde OCU se señala que en las líneas en las que la velocidad de descarga prometida es mayor, es decir, las de 300 megas, las diferencias entre velocidad real y contratada es muy significativa, pues solo llega al 60% de lo prometido. 

Para OCU estos datos confirman la necesidad de que se obligue a los operadores a informar a los usuarios, antes de contratar, de la velocidad real que soporta su línea y de que aquellas garanticen al menos el 80% de esa velocidad real. Por ello desde OCU se anima a los internautas a que se unan a su campaña a través de su plataforma Movilízate http://www.ocu.org/movilizate/velocidad-justa-en-internet ) y a que realicen mediciones con el fin de sustentar con datos reales las peticiones de cambio normativo que se van a trasladar a las autoridades.