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El tribunal de las tarjetas ‘black’ revisará el despilfarro de 15,5 millones de euros
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comienza el juicio para 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia

El tribunal de las tarjetas ‘black’ revisará el despilfarro de 15,5 millones de euros

Actualizado 26/09/2016
El Norte de Castilla

La Audiencia Nacional debe resolver si son culpables de un delito continuado de apropiación indebida, mientras las defensas sostienen que se vulneró la intimidad de sus clientes y que no hubo orden judicial previa, por lo que todo el proceso debería ser

Este lunes echa a andar el juicio por las llamadas tarjetas 'black', esto es, el despilfarro de hasta 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 a cargo de al menos 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia. Y lo primero que dilucidará el tribunal de la Audiencia Nacional que debe resolver si son culpables de un delito continuado de apropiación indebida son las cuestiones previas, asuntos que quedaron sin resolver en la instrucción (desde posibles prescripciones a supuestas vulneraciones de derechos fundamentales), incluidos algunos que podrían terminar provocando la nulidad de todas o, al menos, parte de las actuaciones realizadas en el caso.

Las defensas han ido ultimando en los últimos días toda una batería de alegaciones en busca de esa anulación, aunque son conscientes de que será complicado. Por eso, al menos quieren introducir dudas razonables en el debate jurídico de cara a que las tres magistradas que deben juzgar este caso tan polémico como mediático -Ángela Murillo, Carmen González y Teresa Palacios, de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia- se lo piensen más de dos veces antes de condenar a sus clientes, ya sea por apropiación o por administración desleal, una figura penal alternativa que plantearon algunas acusaciones pero que solo podría aplicarse a quienes tenían cargos de responsabilidad decisoria en la caja de ahorros (o, en su caso, el banco), entre ellos los consejeros.

El comodín del Supremo

Como refrendo a sus tesis, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones guardan en la mochila como un posible comodín que apoye sus argumentos jurídicos la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión, fijada precisamente en varias sentencias dictadas entre el año pasado y el presente.

En ellas, amén de sostener que el uso de una tarjeta de empresa con fines particulares es delito -lo que habrá de resolverse en el juicio de las 'black' es si éstas tenían tal condición-, sus magistrados advierten de que "el más elemental sentido común impone al titular" de las mismas "excluir su uso para gastos personales que no puedan revestir la naturaleza de representación y que sean ajenos al ámbito de la empresa".

De lo contrario ?señala el alto tribunal- se incurriría en un delito de administración desleal, que tornaría incluso en otro de apropiación indebida si existe "una vocación permanente" en la "distracción de los fondos" confiados a los usuarios de dichos 'plásticos', algo que a priori parece asemejarse a lo ocurrido en Caja Madrid y Bankia desde finales del siglo pasado hasta que en 2012 tuvo que ser rescatado el banco.

La cuestión más delicada es, en principio, la posible ilicitud en la consecución de los movimientos bancarios de las tarjetas desde Bankia, que algunas defensas pretenden convertir en su piedra filosofal para evitar que se entre en el fondo del asunto. Así, expondrán ante el tribunal que se habrían vulnerado derechos fundamentales de los acusados al haberse publicado el detalle de sus gastos. Según sostiene el abogado del economista Juan Iranzo y de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, "no nos hallamos aquí ante un simple supuesto de acceso a unos meros datos bancarios" sino que es "mucho más", pues son "reveladores de aspectos íntimos de la persona, manifestación en última instancia de su propia libertad y dignidad".

Si esa argumentación les fallará recurrirían a denunciar que los contratos de las tarjetas tenían un período de consentimiento de conservación de sus datos personales (normalmente 18 meses) que, en general, se habría superado con creces en el momento que Bankia los envió a la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2014 ante la sospecha de que pudiera haber responsabilidades penales. Asimismo, esgrimen que el Tribunal Supremo requiere que para acceder a ficheros de datos personales vinculados con la intimidad exista una autorización judicial previa y aquí no se produjo porque los informes sobre las 'black' no llegaron al juzgado hasta septiembre de 2015.

Cuenta sin documentar

Otras cuestiones que presentarán para frustrar el juicio o, al menos, dejarlo tocado hacen referencia, por ejemplo, a que la información aportada por Bankia "podría estar incompleta", al faltar una cuenta denominada "Gastos Órganos de Gobierno Mayo88". Según el letrado de Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda y exconsejero de las dos entidades citadas, allí se contabilizaron los desembolsos de las tarjetas desde ese fecha cuando, según su tesis, "se reconocieron por vez primera" los controvertidos 'plásticos'.

Además, una docena de exdirectivos acusados ?entre ellos Rafael Spottorno, que fue jefe de la Casa Real de Don Juan Carlos I, insistirán en su tesis, aceptada en su día por el instructor y la Fiscalía hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia la rechazó, de que en su caso las 'black' formaban parte de su paquete retributivo (incluso se les dio una clave 'PIN' para usarlas libremente), negociado con la presidencia y diferenciado de sus tarjetas habituales de empresa.

En cualquier caso, la tesis que vienen defendiendo en privado -en la vista oral lo harán en público- es que se puede discutir la moralidad de algunos comportamientos por el exceso tanto en las cuantías gastadas como en sus fines -otros, por el contrario, insisten en que sus cargos fueron "moderados" y con un claro destino "profesional"- pero no así la no existencia de delito. "Con el Código Penal en la mano no se nos puede condenar", argumentan. Ni el juez que instruyó el procedimiento durante un 15 meses, Fernando Andreu -el mismo que tiene casi ultimada la investigación del 'caso Bankia'-, ni tampoco la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones ?que solicitan penas de cárcel que van desde los tres meses hasta los seis años, el máximo que se pide para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid- piensan lo mismo.

Pero si tan convencidos están aquellos de su inocencia, la pregunta que queda en el alero es por qué una parte ha devuelto el dinero gastado, un signo aparente de asunción de culpabilidad que, a la vez, busca que se les aplique la atenuante de reparación del daño si al final fueran condenados. Eso sí, hasta ahora más de cuarenta (casi dos tercios de los 65 acusados) han seguido ese camino, lo que supone aproximadamente el 14% de los 12 millones de euros que se les exigen como indemnizaciones (las reclamaciones por el resto, hasta los 15,5 millones citados, habrían prescrito ya), apenas 1,7 millones. El último ha sido el propio Miguel Blesa, a quien se considera el responsable máximo de este sistema de pagos "opaco" que luego continuó, aunque de forma más restringida, su sucesor Rodrigo Rato.

Fuente El Norte de Castilla

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