Hemos terminado la semana con dos noticias importantes para la salud democrática de nuestro país. Por un lado, el conocimiento de los 741 millones del fraude de los ERE de la Junta de Andalucía donde la Fiscalía imputa a los expresidentes Chaves y Griñán por delitos de malversación y prevaricación respectivamente. Por otro, la firma del PP en la propuesta de resolución de las Cortes por la que se solicita a Rita Barberá que renuncie a su acta de Senadora propuesta en representación de la Comunidad Valenciana. Aunque no ha sido una decisión fácil, la portavoz del PP en las Cortes se ha sumado a las clamorosas peticiones de una opinión pública que reclama la devolución del acta de Senadora.
En lugar de dar un paso atrás y defender su inocencia sin ventaja alguna, Rita Barberá ha decidido darse de baja en el PP y mantener los privilegios que le corresponden, sobre todo aquellos vinculados a su aforamiento. Le ha faltado tiempo al presidente de la Generalidad para recordarnos la distinción entre legitimidad y legalidad, avisando que la senadora está en su derecho porque la ley le ampara pero que ha perdido toda autoridad para los valencianos porque su conducta no es legítima, no se ajusta a los mínimos éticos de decencia en una moral pública democrática.
El tema no se ha zanjado con la propuesta de resolución firmada por todos los grupos de las Cortes, sino que los grupos se han conjurado para buscar fórmulas jurídicas con las que evitar este tipo de casos en los que se desprecia e instrumentaliza la legitimidad del nombramiento como senadora territorial. Es probable que no las encuentren en la normativa autonómica y tengan que remitirse a normativas constitucionales que regulan el estatuto de las Cortes Generales. Una vez propuesto y elegido, el cargo público no rinde cuentas únicamente al grupo político elegido o a la parte de España desde la que lo han propuesto. Aunque el grupo político o la cámara territorial le retiren la confianza, el diputado o senador mantiene unos privilegios que son de naturaleza estrictamente personal.
Quienes conocían bien a Rita sabían que ella nunca daría un paso atrás, que aguantaría hasta comprobar los apoyos partidistas o institucionales. Y sobre todo que ante el peor de los escenarios buscaría una interpretación estricta de la ley, sin concesión alguna a las variaciones interpretativas de los diferentes órganos políticos. Es probable que con ello consiga moverse mejor ante el Supremo, pero es difícil que pueda pasearse tranquila por la ciudad a la que se ha entregado en cuerpo y alma. Igual que, en justicia, asociamos su figura con la revolucionaria modernización de la ciudad, el Rojo alcaldesa o el caloret, también la asociaremos con una torpe, tardía y egocéntrica jugada defensiva que podemos llamar "enroque de Rita".
La empresa Diario de Salamanca S.L, No nos hacemos responsables de ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan o publiquen, por los columnistas que en su sección de opinión realizan su intervención, así como de la imagen que los mismos envían.
Serán única y exclusivamente responsable el columnista que haga uso de nuestros servicios y enlaces.
La publicación por SALAMANCARTVALDIA de los artículos de opinión no implica la existencia de relación alguna entre nuestra empresa y columnista, como tampoco la aceptación y aprobación por nuestra parte de los contenidos, siendo su el interviniente el único responsable de los mismos.
En este sentido, si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones o imágenes utilizadas por alguno de ellos, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente para que procedamos a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.
