La primera saca carcelaria de la prisión del partido judicial de Ciudad Rodrigo

Como se viene haciendo desde el principio de estas croniquillas, se ha evitado el término paseo o mareo para designar las ejecuciones extrajudiciales de este rincón de la provincia de Salamanca. Es un eufemismo macabro insoportable con el que se han asociado las ejecuciones extrajudiciales de republicanos como algo ajeno a la responsabilidad militar de los sublevados contra la República. Pero en modo alguno eran operaciones llevadas a cabo por milicianos fascistas y señoritos descerebrados sin control. Nada de eso. Había personas de mente enfermiza, cegados por el odio y motivaciones inconfesables, y jóvenes inmaduros, ganados por una ideología violenta, hinchados por el protagonismo que la manipulación militarista les brindaba. Pero todos actuaban bajo la estrecha vigilancia de oficiales, suboficiales y jefes de puestos y destacamentos del Ejército, la Guardia Civil, los Carabineros, los Cuerpos de Policía, los jefes de las Milicias Fascistas y de la Guardia Cívica. Los mandos provinciales, en definitiva, eran militares graduados, generales, jefes y oficiales. La jurisdicción militar nunca castigó a los victimarios por los desmanes cometidos, a no ser que, mediante hábiles manipulaciones, pudiera recaer sobre dichos ejecutores la sospecha, en modo alguno fundada, de que tenían un pasado izquierdista.

Las ejecuciones extrajudiciales se organizaban en las comisarías y los cuarteles desde el principio, como se ha comprobado en las informaciones testificales registradas en las sacas del ámbito mirobrigense desde la segunda semana de agosto de 1936. A finales de este mes en pueblos como Robleda o Peñaparda dichos locales eran estación de paso para el matadero.

Con las sacas se buscaba la eficacia represiva contra los presuntos adversarios del Movimiento y la impunidad de los ejecutores. Así no se perdía el tiempo en vestir el proceso y los victimarios se sentían alentados en sus labores asesinas, sabiendo que no serían identificados en el caso de que el Alzamiento fuera sofocado por el Gobierno de la República. Por ello actuaban de noche, en lugares extraños, intercambiaban servicios con "camaradas" de otras localidades (así tampoco se corría el riesgo de que ablandar por los sentimientos hacia antiguos amigos o familiares, convirtiéndose en eventuales "salvadores"), abandonaban los cadáveres de sus víctimas a veces hasta 60 ó 70 kilómetros de sus domicilios. Eran precauciones que les recomendaban los mandos sublevados, aunque no siempre ni todos los ejecutores las siguieron, cegados por la vanidad o la borrachera. En las detenciones sangrientas en público, llegado el caso de que hubiera alguna información que implicara diligencias de identificación, salía al quite el auditor de guerra, como se indicó hace poco.

Hacia el 20 de agosto los responsables de la represión en Ciudad Rodrigo perfeccionaron el método, tratando de vestir de "legalidad" los crímenes del terror en que se fraguó el Nuevo Estado, la Dictadura franquista, que por entonces echó los cimientos de una legislación a su medida. Las futuras víctimas eran detenidas en sus domicilios y llevadas a la prisión del partido judicial, donde ingresaban como "detenidos militares". El comandante militar de la Ciudad, que era entonces Marcelino Ibero, capitán de Carabineros, daba la orden de arresto. Si éste era masivo, la peripecia carcelaria no duraba más de 24 horas, pero quedaba constancia de ella en la relación de entradas y salidas de dicha prisión, cuyo director era Jerónimo Maíllo. El Cap. Ibero, que actuaba investido con la autoridad jurídico-militar de "Capitán Instructor", representaba una rudimentaria pantomima de actuación judicial. Simulaba que, considerando que los detenidos no tenían antecedentes penales ni delitos conocidos (que era la estricta verdad), decretaba la puesta en libertad de los presos. De hecho, los detenidos o una parte de ellos eran entregados a las fuerzas encargadas de su eliminación clandestina: las Milicias Facistas sobre todo y la Guardia Civil alguna vez. Los cadáveres se enterraban en fosas clandestinas, por lo general en fincas y dehesas pertenecientes a los "señores de la tierra", que así colaboraban con quienes se habían sublevado para "defender lo suyo", aunque nunca dejaban constancia escrita de una prestación inimaginable sin su consentimiento y, en todo caso, jamás denunciada por ellos. Las víctimas quedaban en el anonimato, oficialmente ni vivos ni muertos. Y a los familiares no se les permitía el duelo, condenados a no saber de su paradero, en la zozobra y la sospecha, alimentada por los victimarios, de que quizá se hubieran fugado y abandonado cobardemente a los suyos.

En cambio, los responsables de la represión, además de quitarse de encima posibles adversarios por la vía rápida, se ahorraban las prolijas diligencias de identificación inherentes a los hallazgos de cadáveres de personas conocidas o desconocidas. No había que registrar la muerte ni tomar nota del lugar de enterramiento. Y por último, llegado el caso de que se instruyera alguna información, que solamente prosperaba si emanaba de familiares o amigos derechistas de la víctima, tenían prefabricada la coartada. El Capitán Instructor y sus adláteres podían declarar que ellos habían puesto en libertad a los inocentes (como los buenos servidores de la Justicia que pretendían ser) y de lo demás no sabían nada (como los buenos seguidores de Judas que eran).

Así pues, la saca carcelaria era muy rentable, pues eliminaba adversarios, castigaba y amedrentaba el entorno familiar de las víctimas, sembraba el pánico en la sociedad, convertía a muchos ciudadanos en cómplices y testigos mudos del terror. Claro, para ponerla en práctica había que hacer abstracción de cualquier consideración humanitaria. Se utilizó en toda la retaguardia "nacional". En Ciudad Rodrigo empieza a comprobarse el 19 de agosto de 1936, pero se manifiesta claramente en septiembre.

El 19 de agosto fueron excarcelados tres presos, vecinos de Ciudad Rodrigo, que, según la "Relación" de la cárcel, estaban detenidos por orden militar (AMCR, Desaparecidos 1936). Sus cadáveres se hallaron el día 20 en lugar indeterminado, con "heridas producidas por arma de fuego", pero fueron enterrados todavía en el cementerio municipal (RCCR, 20/08/36). Los tres se mencionan entre los gestores, responsables políticos y directivos sindicales que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (J.Sum.265/36):

Francisco (o Ángel) Oliva Pastor, de 29 años, natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres), empleado de ferrocarril en la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Noroeste de España, teniente de alcalde, casado. Ingresó en la cárcel como "detenido [militar]" el 31 de julio de 1936 y salió el mismo día; volvió a ingresar el 1º de agosto de 1936, con salida el 19 de agosto de 1936 (AMCR, Desaparecidos 1936). Antes de su detención tuvo que declarar en el Juicio sumarísimo 265/36 sobre la distribución de armas el día 19 de julio en el Ayuntamiento. Tres revólveres, entregados por Enrique García Medina, jefe la Policía Urbana, en su despacho: al propio Francisco Oliva, teniente de alcalde, Ángel Grimaldos, gestor, y Félix González Cabrera, presidente de la STT. Francisco Oliva cedió el suyo a Juan Vicente, pero la Guardia Civil efectuaba cacheos, así que encargó se devolviera al Inspector el arma y él se fue para la Estación a dormir. Huyó al campo cuando supo de la llegada del Ejército, después volvió y siguió prestando servicio hasta que lo detuvieron el día 30 y pasó a la cárcel, "a disposición de la autoridad militar".

Juan Vicente Sánchez (a) "Gaona", uno de los hermanos portadores de este apodo, de 26 años, soltero, que el día 3 de agosto había ingresado en la cárcel. Falleció a las 18h 30 del día 19 de agosto de 1936 (la inscripción de defunción se efectúa por oficio "del Sr. Capitán Juez Instructor de Carabineros Marcelino Ibero").I

Isidro Sánchez Mateos (a) "El Calaínos", de 27 años, casado con Julia García Blanco, padre de un niño al menos. Estuvo preso el mismo tiempo que Juan Vicente.