Martes, 12 de diciembre de 2017

La gran purga de Erdogan

El fallido golpe de Estado acaecido en Turquía, en la noche del 15 de julio, ha desencadenado la fuerte ira del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se ha lanzado a una purga de grandes dimensiones en la que ha destituido no sólo a militares, sino también a profesionales de otros ámbitos como jueces o profesores.

Nadie discute que, como consecuencia de dichos hechos, se encarcelase a los militares responsables del golpe de Estado (cosa a priori bastante lógica en cuanto que podría suponer la amenaza al sistema representativo), pero sí es altamente preocupante que el presidente turco se haya aprovechado de las circunstancias para fulminar de sus puestos a profesores o jueces, o para cerrar medios de comunicación, universidades u ONGs.

En este sentido, la gran purga iniciada por Erdogan, cimentada por el estado de emergencia que ha declarado y que tendrá una prolongación de al menos tres meses, ha supuesto el cierre de más de 1.000 escuelas, unas 1.200 ONGs, 19 sindicatos, más de una treintena de instituciones médicas, así como 15 universidades.

Asimismo, el gobierno turco, amparándose en dicho estado de emergencia, ha anunciado que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ha quedado suspendido en su territorio, hecho que se ha dejado sentir en el propio decreto por el cual Erdogan ha ampliado de 4 a 30 días el período máximo por el que se puede tener detenido a alguien considerado sospechoso.

De este modo, Erdogan ha aprovechado las circunstancias para llevarse por delante unos cuantos jueces molestos para él, ya que consideraban contrarios a la Constitución algunos de los puntos de su reforma de la ley judicial, caso de la Asociación de Jueces y Fiscales (YARSAV), que criticó la misma y cuya actividad ha sido prohibida por el gobierno turco.

En todo caso, el Jefe de Estado de Turquía señaló desde un primer momento como culpable del golpe de Estado a Fethullah Gulen, un clérigo musulmán que lleva años exiliado en Estados Unidos, que ha negado cualquier tipo de implicación con el golpe y del cual, más allá de lo sostenido por Erdogan, no se ha encontrado hasta ahora indicio alguno de estar detrás del mismo.

De un modo u otro, lo cierto es que han sido varios miles los detenidos en Turquía en estas dos semanas, hecho que el viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmucha, solo considera como “la punta del iceberg”, hecho denunciado por la oposición turca como el aprovechamiento de la situación por parte del gobierno para intentar acabar con toda la disidencia a Erdogan existente en el país.

Es más, el propio presidente turco ya ha manifestado que tiene intención de reinstaurar la pena de muerte en Turquía, ante lo cual la postura de la Unión Europea (y otro tanto se podría decir de Estados Unidos) ha sido de todo menos rotunda, quizá porque comercialmente a los países comunitarios no les conviene tensar las relaciones con el gobierno turco.

Y es que pese a que en la Unión Europea se nos ha llenado la boca de derechos humanos en las últimas décadas, cuando las circunstancias se han vuelto un tanto adversas (crisis de los refugiados sirios, golpe de Estado fallido en Turquía,…) nos hemos olvidado por completo de ellos, pues lo que al final nos importa por encima de todo, es la cartera, y que las muestras de humanidad se queden si acaso para las películas.