Lunes, 11 de diciembre de 2017
Ciudad Rodrigo al día

La primera redada de El Bodón y primeras ejecuciones extrajudiciales en la Sierra de Francia

Las armas y el terror eran los principales instrumentos pedagógicos del “movimiento redentor”

Los comandos represivos de guardias civiles, milicianos fascistas y eventualmente otras fuerzas armadas “nacionales” actuaron desde la última semana de julio de 1936, como se avanzó en la croniquilla del pasado día 25. Sus objetivos se ajustaban a los que, en la 7ª Región Militar, estaban fijados de antemano en las “instrucciones” de Mola y el “bando de guerra” (19/07/36), a los que ahora se añadió, “para todo el territorio nacional”, el bando de la Junta de Defensa Nacional (firmado en Burgos el día 28 de julio por su presidente, Miguel Cabanellas). Este último, además de la eliminación de presuntos oponentes al Alzamiento e intimidar a toda la población, abría la puerta en su aplicación a la “limpieza política”. Las armas y el terror eran los principales instrumentos pedagógicos del “movimiento redentor”. En consecuencia, entonces hubo numerosas detenciones de republicanos señalados por sus convecinos. Se comprueba en la Relación de entradas y salidas en la prisión del partido judicial de Ciudad Rodrigo durante el año 1936, aunque muchos detenidos entonces estuvieron en otros locales carcelarios de los pueblos y la Ciudad (Iglesias 2010b). De los 48 ingresados por orden militar en dicha cárcel en julio, por lo menos 22 fueron eliminados sin juicio alguno, entre ellos seis de los nueve detenidos en El Bodón el 26 de dicho mes, sacados el 11 de setiembre con otros vecinos que entonces fueron apresados (ver croniquilla de este día):

1 Alberto Gutiérrez Pino, 2 José Barahona Medina, jornalero, 3 Rafael Ramajo Martín, jornalero, 4 Serapio Montero García, jornalero, 5 José Agudo Gutiérrez, 6 Germán Pino Galán, 7 Felipe Santos Gutiérrez, 8 Luis Nicolás Sánchez, 9 Primitivo Hernández Juan.

Hasta finales de julio, al parecer, los registros y detenciones no eran sangrientos, o no todos. De hecho por aquellas fechas se produjeron los primeros hallazgos de cadáveres en el SO de Salamanca, que fueron dos jornaleros vecinos de La Alberca: Ángel Becerro, de 28 años, abatido en la dehesa del Alto de los Endrinales el 28 de julio, siendo enterrado su cadáver en el cementerio de La Somada (RCLA, def. 29/07/36, AHPS: 234/36). Al día siguiente debió de ser asesinado Juan de la Cruz Muñoz, cuyo cadáver se halló en la dehesa de Altejos, término de Tamames, en cuyo cementerio fue enterrado (ver otros datos en la croniquilla prevista para el 12 de agosto próximo).

Los citados comandos también actuaban como recaudadores de fondos para el “Ejército Nacional”, cuya financiación en la provincia ha sido analizada por Mª Luz de Prado (2007). Era una forma de represión económica desarrollada a partir de las “suscripciones nacionales” en favor de las fuerzas armadas, la primera de las cuales en el ámbito salmantino se organizó el 26 de julio. Como la retórica empleada se basaba en una llamada al patriotismo “nacional”, las respuestas a las múltiples colectas de este tipo se convertían en criterios de adhesión o de desafección al Movimiento. Por tanto, las suscripciones eran un medio muy eficaz de intimidación y de propaganda ideológica, que los “recaudadores” impartían con amenazas y malos tratos, un método en el que pronto llegó a ser maestro el alférez Ernesto Bravo, jefe de las Milicias Fascistas de la zona (para quien las extorsiones eran “donativos”) y un discípulo muy aventajado J. Agustín Calzada, jefe de Falange en Ciudad Rodrigo (ver croniquilla prevista para el día 31 de julio).

Las detenciones y el cobro de “donativos” obligados sólo eran posibles con denuncias previas, que no solamente practicaban los guardias civiles de los puestos, los fascistas y las autoridades locales, sino otras personas que se prestaban para hacerlo por ideología, odio, intereses o, simplemente, por miedo. En todo caso, los denunciantes de cualquier índole participaron en la identificación de las víctimas elegidas (Iglesias 2016: cap. VII, apartado 2.4). Así los responsables de la represión fomentaron desde el principio la implicación de todas las capas sociales, convirtiendo a la sociedad entera en una “comunidad del castigo” (Marco 2012: 213), sin lo cual el sistema represivo de Franco no habría arraigado ni durado tanto tiempo, ni serían perceptibles la secuelas del miedo y los resabios del tardo-franquismo en la actualidad.