El PP trasladará los resultados de la auditoría a un abogado

"La auditoría refleja errores administrativos que no son en absoluto consecuentes de ninguna ilegalidad". Esta era la contestación del alcalde de Alba de Tormes, Jesús Blázquez, a la pregunta planteada por SALAMANCArtv Al Día respecto a la auditoría realizada los seis primeros meses del año 2007.

"Nos gustaría publicarla, pero debido a que aparecen nombres y empresas, la Ley Orgánica de Protección de Datos no permite hacerlo", apuntillaba el alcalde. Un documento que fue recibido en el Ayuntamiento el 3 de junio de 2015, aún cuando gobernaba el Partido Popular, y demandado posteriormente por este mismo grupo político, ahora en la oposición. El informe fue entregado al equipo en la oposición el pasado jueves, tras cerca de diez meses demandando esa información.

Con el informe final de la auditoría ya en sus manos, el Partido Popular de Alba de Tormes lo que exige es "rigor y respeto al actual equipo de Gobierno, en cuanto a la necesidad de publicar ese documento ya que se trata de una información de vital conocimiento al ciudadano. Una información de carácter público".

A fin de verificar si se trata de errores administrativos, cómo declaró Jesús Blázquez en la entrevista realizada por este medio de comunicación, el Grupo Popular pondrá el documento en manos de un abogado para que este sea el encargado de comprobar si se trata, efectivamente, de errores administrativos o, por el contrario, de irregularidades.

"El equipo de Gobierno tiene la obligación de hacer público ese documento. Aun habiendo errores administrativos, acción que todos podrían cometer, no deben ser ellos quienes lo juzguen, sino alguien que tenga competencias para ello", señalaba Concepción Miguélez, portavoz del PP de Alba de Tormes.

"La falta de transparencia del Grupo Socialista prosigue", afirma el PP

Otro de los puntos que el PP quiso resaltar, y aprovechó igualmente para denunciar, fue la falta de transparencia del actual equipo de Gobierno municipal. El Grupo Popular se basa para ello en las continuas negaciones de documentación e información por parte del PSOE. Un ejemplo que ratifica esta acusación es la documentación referida a los gastos de las fiestas del pasado año.

"Cuando demandamos información de este tipo, que creemos que todo el mundo debería conocer, se nos niega argumentando que no es de nuestra incumbencia o que facilitar esa documentación generaría mucho trabajo", apuntan desde el PP.

Con el objetivo de tener un mayor acceso a este tipo de información, el PP se dirigió al Procurador del Común de Castilla y León, organismo encargado de supervisar la administración y derechos de los ciudadanos en caso de vulneración de alguno de sus derechos, y el cual dictaminó que el Ayuntamiento deberá revisar todas las peticiones y atenderlas en un plazo de cinco días.