Lunes, 18 de diciembre de 2017

Saqueando el Senado

Al permanente debate sobre la continuidad del Senado (por la escasa funcionalidad que posee), se suma esta semana que hayamos visto como 181 senadores se han acogido a la indemnización que esta cámara ha ofrecido tras su disolución. Entre este elenco se encuentra un nombre bien conocido del PP salmantino: el presidente de la Diputación provincial Javier Iglesias que, por cierto, se presentará nuevamente a senador el próximo 26 de junio. Pero al no ser un derecho directo que se genere automáticamente, sino que hay que solicitarlo, hemos de apostillar que Javier Iglesias es uno de los que cumplimentó el trámite para solicitar dicho pago.

La indemnización en sí, llamada ‘indemnización de transición por disolución’, asciende a 8.345’16 euros, que sería el equivalente al sueldo que habría recibido como senador en los 54 días transcurridos entre la disolución del Senado y las nuevas elecciones del 26 de junio. Es decir, cobrará por no haber trabajado como senador en esos días. La lista oficial de solicitantes, publicada por el Senado, incluye otros “pluriempleados” de la política regional, como la actual portavoz del PP en el ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián.

Y es que apenas han sido 13 los senadores que han renunciado a dicha indemnización, caso de las senadoras salmantinas Esther del Brío (PP) y Rosa López (PSOE), a quienes honra su gesto. Por su parte, los senadores que fueron designados para la Diputación Permanente del Senado seguirán cobrando el sueldo de senador con total normalidad, aunque la cámara esté sin funcionamiento real en dicho periodo. Entre ellos se sitúa el senador del PP por Salamanca Gonzalo Robles, que al igual que Javier Iglesias, cobrará los más de 8.000 euros mencionados hasta el día 26.

No obstante, pese a solicitarla, no parece estar del todo claro que el presidente de la Diputación vaya a poder recibir dicha paga, pues teóricamente está reservada para aquellos senadores que no tienen trabajo y no poseen otros ingresos. El propio acuerdo por el que se establecen dichas indemnizaciones, establece de hecho que “la indemnización de transición es incompatible con la percepción de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes”.

Cabe señalar que, tras las elecciones de diciembre, Javier Iglesias se convirtió en el único presidente de diputación que era también senador, aunque la legislación no le permitía cobrar los dos sueldos de manera paralela por ambas responsabilidades, por lo que tuvo que renunciar a uno de los salarios. Este hecho conllevó que renunciase el 12 de enero (un día antes de tomar el acta de senador) al sueldo que percibía como presidente de la Diputación, otorgándosele la dedicación exclusiva que poseía hasta entonces a otro diputado provincial de su formación, Manuel Rufino, alcalde de La Fuente de San Esteban.

Sin embargo, pese a la mencionada renuncia, Javier Iglesias ha seguido percibiendo desde entonces otro tipo de pagos de la Diputación, como los derivados por asistir a plenos o comisiones, embolsándose asimismo salarios por presidir varios órganos dependientes de la Diputación, además de otras prerrogativas del cargo como coche oficial, libres designaciones en su equipo, personal de confianza, etc.

En este sentido, refiriéndonos a los organismos dependientes de la Diputación, hay que señalar que Javier Iglesias cobra 640’17 euros como presidente del Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural (OAEDR), 509’05 euros como presidente del Centro Informático Provincial de Salamanca (CIPSA), y 443’52 euros como presidente del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (REGTSA). Esto es, entre los tres organismos dependientes de la Diputación que preside cobra 1.592’74 euros.

Cuestión aparte sería cómo se gestionan los mismos, cosa que daría para hablar bastante, ya que por ejemplo el OAEDR destina cerca del 60% de su presupuesto a gastos de personal, muy por encima del 10% que emplea en dar bienes y servicios. Y otro tanto ocurre con REGTSA (52% del presupuesto en gasto de personal y 33% en bienes y servicios) y CIPSA (69% del presupuesto en gasto de personal y 20% en bienes y servicios).

En todo caso, pese a haber solicitado la indemnización teóricamente por no poder trabajar como senador, este hecho no evitará que Javier Iglesias pueda seguir usando la línea de teléfono o la Tablet que se le concedió a cargo del Senado, así como el bono de taxi de 3.000 euros anuales que paga dicha cámara. Y es que en los Acuerdos aplicables a los Senadores como consecuencia de la disolución o expiración del mandato del Senado de la XI Legislatura, se recoge la autorización a “Mantener la línea asociada a los servicios de voz y datos, el teléfono móvil y la tableta con el teclado”.

Sea como fuere, pese a que me he centrado en el caso relativo a Javier Iglesias por ser el más cercano, hay que indicar que, en el conjunto del Senado, de autorizarse las 181 solicitudes de indemnización, el gasto que acarreará para el bolsillo de los españoles será de 1’5 millones de euros, un buen pellizco para sus señorías que, sinceramente, creo que podría emplearse en cosas mucho más importantes y, sobre todo, necesarias.

No obstante, como el sistema de elección al Senado es por lista abierta, da la posibilidad de elegir los senadores de manera individual, pudiendo optar por tres distintos que no tienen por qué ser ni del mismo partido. Veremos a ver si Javier Iglesias o Gonzalo Robles, que no han renunciado a los 8.345 euros, ven pasar factura a este hecho aunque, sinceramente, me cuesta creer que en esta provincia se vaya a castigar a quien pretende llevárselo crudo.