Lunes, 18 de diciembre de 2017

Castilla y León, con un agujero de 3.343 millones

Es la diferencia entre los recursos que asigna el Gobierno desde 2010 en el reparto de fondos entre las autonomías y la factura que la Junta paga por los servicios esenciales
Pilar del Olmo, consejera de Economía
Castilla y León soporta un desfase presupuestario entre los ingresos que llegan del Estado por el modelo de financiación autonómica y lo que cuestan exclusivamente los servicios básicos esenciales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales), sin contar el resto de materias que gestiona la Junta, queha crecido en los últimos siete años hasta los 3.343,4 millones de euros.

 

A esa cantidad asciende al agujero de la financiación autonómica. Son los números rojos que soportan las arcas de Castilla y León en su relación con las estatales y quedarían, por ejemplo, para desdoblar de largo diez veces la N-122 entre Valladolid y Soria. O para construir una decena de hospitales como el de Burgos, cuya inversión ha sido de 314,08 millones de euros.

Prestar servicios a una población más dispersa y envejecida es más caro

Los ejemplos de lo que se haría con ese dinero dan una idea de la profundidad del agujero presupuestario. Siete años (de 2010 a 2016), 3.343,4 millones de euros. El ejercicio con mayor descompensación fue 2011, en el que el desfase entre la cuantía que envió el Gobierno central con cargo al modelo de financiación autonómica y el coste de la asistencia sanitaria, educativa y los servicios sociales fue de casi 906 millones en contra de los intereses de Castilla y León.

La situación empeora si se tiene en cuenta que una parte de los fondos que llegan a través del sistema de financiación debería sufragar los gastos que la Junta debe abordar en otros ámbitos. Algunos de ellos imprescindibles para poder garantizar un acceso adecuado a los servicios básicos, como es la red de carreteras.

“Insuficiencia crónica”

Desde la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, califican esta situación como de «insuficiencia crónica». El escenario de la financiación autonómica se ha agravado a partir del 2010, coincidiendo con la crisis y la entrada en vigor del nuevo modelo de reparto que se gestó en el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Los datos arrojan que Castilla y León recibía con el sistema anterior el 7,29% del total de los recursos que el Ejecutivo central repartía entre las comunidades autónomas y pasó a percibir el 6,54%.

No ha sido el único territorio que ha salido malparado. Han ganado peso Baleares (con una mejora del 27%), Madrid (el 18,18%), Cataluña (el 15,30%) y Valencia (4,55%). Se ha quedado igual Murcia, con una variación de apenas del 0,37%. Y a partir de ahí, pierden el resto, salvo las comunidades forales, Navarra y el País Vasco, que en materia de financiación juegan en otra división. A la cabeza de las autonomías damnificadas por el cambio de modelo de financiación se sitúa Extremadura, que ha perdido el 15,08% del peso relativo en sistema de financiación vigente, seguida de Andalucía, Canarias y Castilla y León, con porcentajes de menoscabo que superan el 10%. Por debajo de ese índice, pero también con mordida, se encuentran Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Nuevo modelo de financiación

Todos los ejecutivos autonómicos, incluido el de Castilla y León, preparan los argumentos para negociar el nuevo modelo de financiación que reemplace al que rige el reparto de fondos en este momento. Y buscan aliados para esa negociación.

Juan Vicente Herrera encargó a Pilar del Olmo en la legislatura pasada que se «armara de datos» para defender una mejora de la financiación en Madrid, promovió un pacto de comunidad –que se ha reeditado en abril, con la nueva configuración de las Cortes– y estableció contactos con comunidades que pueden tener intereses similares a Castilla y León por demografía, dispersión de la población, extensión y orografía. Es el caso de Galicia, Aragón, Asturias y, descontando Madrid, buena parte de los territorios que quedan fuera del arco Mediterráneo. Herrera y el presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, abordaron el asunto en la reunión de trabajo que mantuvieron en abril, en Valladolid.

Es la España despoblada y envejecida ‘versus’ la que tiene mayor empuje demográfico, concentrado en grandes urbes, y que defiende el reparto de fondos ‘per capita’ puro y duro, sin apenas corrección por el sobrecoste que en la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales y atención a la dependencia provocan un superávit de abuelos y un padrón de habitantes disperso en pequeñas localidades.

La reforma del modelo de reparto, tras el análisis de lo que ha supuesto el actual, será una de las primeras iniciativas en la que tendrán que embarcarse el Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio. Es un asunto que no puede esperar.

Desde Castilla y León, con el apoyo de las seis formaciones con escaños en las Cortes, reclaman un sistema de reparto de fondos que garantice la suficiencia financiera, la igualdad en el acceso a los servicios públicos, la no discriminación de los ciudadanos en función del territorio en el que residan y la solidaridad entre territorios, puesto que la financiación no puede estar marcada por la capacidad fiscal de los ciudadanos que vivan en cada comunidad. Eso, al menos, recoge la Constitución.

Fuente El Norte de Castilla