Martes, 12 de diciembre de 2017

El juez procesa al empresario José Luis Ulibarri  por pagos a la Gürtel

Está acusado de prevaricación, fraude, cohecho y falsedad
Uibarri en un acto vinculado a sus medios de comunicación en la región

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesa el empresario José Luis Ulibarri por pagar comisiones a la trama Gürtel. Propietario de varios medios de comunicación, entre ellos La 8 TV Salamanca, del 50% de RTVCYL y de El Mundo CyL entre otros muchos, además de diversas sociedades en la comunidad, Ulibarri aparece de forma destacada en  la pieza separada dentro del caso Gürtel sobre las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte (Madrid) alrededor del grupo de Francisco Correa. El juez  dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo, informa en su edición de hoy El Norte de Castilla.

El auto del juez vincula a Ulibarri al pago de una comisión de un millón de euros a la trama. Por ello le acusa de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad de documento mercantil, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

El resto de acusados en esta pieza son Isabel Jordan; Cesar Tomás Martín Morales; Rafael Naranjo y su hermano Gonzalo; Alfonso García Pozuelo; José Luis Ulibarri; José Luis Martínez Parra; Juan Carlos Rey; Jacobo Gordon; Rafael Martínez Molinero; Antonio de Miguel Reyes; José Ramón Blanco Balín; Carlos Jorge Martínez Massa, Rodolfo Benigno Ruiz; Javier Nombela; Juan Jesús Siguero; María Carmen García; José Francisco Pastor; Javier del Valle; Luis de Miguel Pérez y Alicia Vallejo. El magistrado decreta el sobreseimiento provisional de la causa para siete personas.

En el caso de los dos empresarios leoneses, José Luis Ulibarriy Martínez Parra, el juez les acusa del pago de comisiones.

Por su parte Martínez Parra habría pagado 1,8 millones de euros. En esta ocasión está acusado de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y falsedad de documento mercantil.

En dos autos, el juez explica que la presente causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, «de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular».

Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

«El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)», sostiene De la Mata.

Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte «dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad»

«Esta actividad comprende tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio», continúa.

Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, «que en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV».

Dichas actividades, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín Morales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros.

El grupo, señala el auto, favoreció, «siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos a distintas personas y sociedades» como SUFI SA, Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios, a UFC SA, A Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras.

Además, Correa efectuó distintos reglaos en efectivo y en especie a algunos miembros del grupo en consideración a su integración en el mismo y al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel. Añade que González Panero, como otros, «implementó igualmente una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos».