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La Diputación no expropiará terrenos en la carretera de Retortillo para la mina de uranio
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CRÍTICAS CONTRA PROYECTO MINERO

La Diputación no expropiará terrenos en la carretera de Retortillo para la mina de uranio

Actualizado 11/05/2016
Miguel Corral

Representantes de distintos sectores contra el proyecto de Berkeley exigen a la Institución provincial que se posicione a favor de los municipios y propietarios, y lidere un frente opositor

Tras la rueda de prensa ofrecida este martes por representantes de varios sectores opositores al proyecto de la mina de uranio liderado por Berkeley en Retortillo y Villavieja de Yeltes, en la que solicitaban que la Diputación no interviniese en el proceso de expropiación de los terrenos que ocupará la variante solicitada por la empresa para tener acceso a la explotación minera, la Diputación de Salamanca ha emitido un comunicado en el que señala que esta institución "no va a actuar en la expropiación de ningún bien relacionado con la construcción de la variante de la carretera de Retortillo". Además, añade que "la Junta de Castilla y León en ningún momento ha requerido a la Diputación de Salamanca que proceda a la expropiación de ningún bien o derecho que tenga relación con la construcción de la variante, la cual se ejecutaría por la empresa", y que "en el caso de que se ejecute la variante de la carretera, esta se realizaría por la empresa Berkeley".

En la rueda de prensa, los intervinientes solicitaron que la Diputación lidere un frente común contra el proyecto minero, por lo que consideran fundamental que el proyecto de Berkeley no logre la catalogación de 'interés público' y evitar así la expropiación de terrenos a los propietarios para "construir una escombrera", un proyecto que Gabriel de la Mora, del Grupo Ganemos, calificó de "especulativo" e "inviable".

Junto al alcalde de Villavieja, Jorge Rodríguez; y el presidente de la plataforma Stop Uranio, José Ramón Barrueco; también compareció uno de los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto de variante de la carretera de Retortillo, Ignacio Sánchez Abarca, que en nombre de todos ellos aseguró la oposición de la mayoría de estos a vender sus terrenos con este fin, además de mostrarse contrarios al proyecto minero.

En esta comparecencia se informó de las distintas iniciativas llevadas a cabo por Stop Uranio, Equo y el Ayuntamiento de Villavieja, que a partir de este momento comienza la ofensiva en los juzgados. Como ya informó este diario, el Ayuntamiento de Villavieja presentará un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo, en el que solicitarán su informe desfavorable a la solicitud presentada por Berkeley para el uso excepcional del suelo, pues el proyecto presenta aspectos como el almacén de residuos radiactivos de primera categoría, una característica que requeriría un informe de impacto ambiental evaluado por el Ministerio de Industria y no por la Junta de Castilla y León.

Sobre la "inocuidad" del proyecto anunciada por algunos responsables de Berkeley, el regidor de Villavieja fue tajante al mantener firme su convicción del derecho a vivir en un municipio sin más riesgos para la salud que aquellos que ofrece la naturaleza, así como a renunciar a la calidad de vida que tienen ahora sus habitantes en beneficio de una empresa privada. También hizo hincapié en que los trabajos de extracción se van a llavar a cabo a menos de 300 metros de la captación de agua de la que se surte este municipio, por lo que valoró que por cencima de cualquier interés privado de una empresa está el bienestar y la salud de los ciudadanos.

Asimismo, el presidente de Stop Uranio recordó las querellas presentadas contra el exalcalde de Retortillo y tres concejales, así como la denuncia puesta por Equo y que ha sido admitida por la Audiencia Nacional contra el proceso administrativo seguido por Berkeley y la Junta de Castilla y León respecto al informe de impacto ambiental, pues en opinión de Equo al contemplar el almacenamiento de residuos radiactivos de primera categoría, la competencia para evaluar el informe recaería en el Estado y no en la Comunidad autónoma.

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