Domingo, 17 de diciembre de 2017

Una Junta con olor a corrupción (Parte II)

Una vez que la semana pasada traté uno de los últimos escándalos de la Junta respecto al uso fraudulento de dinero público, hay que señalar que no es la primera vez que a la Junta de Castilla y León se le relaciona con prácticas corruptas.

Así, esta misma semana ha salido a la luz que la Junta de Castilla y  León pagó 4’4 millones de euros a dedo a la empresa que reformó en negro la sede del PP en Madrid, hecho advertido dentro de la investigación por los sobrecostes del edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble que se visualiza perfectamente desde la autovía A-62. Este edificio pertenecía a Gestión Urbanística de Castilla y León (Gesturcal), pasando a depender posteriormente de ADE Parques, en ambos casos entes dependientes de la Junta.

Y precisamente relacionado con ADE Parques aparece otro antiguo caso de corrupción juntero, como es el presunto tráfico de influencias y prevaricación de la que pudo haber hecho gala la Consejería de Economía en la compraventa de terrenos del Parque Empresarial de Portillo, donde una sociedad compró en 2006 los terrenos a 40.000 euros la hectárea para vendérsela en 2010 a ADE Parques, dependiente de la Junta, por hasta seis veces dicho valor.

El escaso espacio temporal en las compras del Parque de Portillo (apenas cuatro años) y que se quintuplicase el precio en el mismo (pese a haber estallado ya la crisis entonces), sumado a que dichos terrenos fuesen comprados claramente sobrevalorados por el ente de la Junta (y no expropiados a precio de mercado como podría haberse hecho tratándose de un polígono industrial) puso este caso en el “punto de mira”.

Por otro lado, cabe señalar que, para desgracia de la ciudadanía, tras la desaparición de ADE Parques, que contaba con una deuda de 350 millones de euros, dicha deuda pasó a ser asumida por la Junta de Castilla y León, por lo que hemos de pagarla entre todos.

Pero los casos no han parado ahí, ni mucho menos, y así, en 2014 nueve altos cargos de la Junta tuvieron que declarar ante la justicia por contratos adjudicados desde la Consejería de Economía sin licitación en 2010, si bien el juez finalmente archivó la denuncia por considerar que “para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal”.

Otro caso más sería el que afectaría al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta, el cual aparece en los papeles de la trama corrupta Púnica. Por entonces, la consejería estaba presidida por la actual presidenta de las Cortes de Castilla y León, la segoviana Silvia Clemente, y al frente del Instituto Agrario se situaba una íntima amiga suya, la también segoviana María Jesús Pascual, actual secretaria general de apoyo a las Instituciones Propias de Castilla y León, y anteriormente viceconsejera de Desarrollo Rural, desarrollo en el que parece cabían contratos sospechosos con la empresa Cofely España por valor de 5’7 millones de euros.

Pero volviendo sobre la actual presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, aunque yéndonos a su época de Consejera de Medio Ambiente, hay que señalar que se sospecha que habría recibido 144.200 euros de manera ilegal por adjudicar centros de residuos urbanos (entre los que estaría el salmantino de Gomecello, adjudicado por 22 millones de euros y por el que Correa podría haber percibido una comisión total de 600.000 euros).

Ciertamente, quien también fuera presidente de las Cortes castellano-leonesas, el abulense José Manuel Fernández Santiago, también aparece implicado en dicha trama, acusado del cobro ilegal de comisiones por la concesión por 2’85 millones de euros de la variante de Olleros de Alba (León), de la cual habría recibido supuestamente una comisión del 3%, es decir, cerca de 90.000 euros.

Por otro lado, volviendo sobre Silvia Clemente, todo huele sospechoso si tenemos en cuenta el gasto en aperitivos que se deducía en la Consejería de Agricultura en septiembre de 2008, cuando encabezaba dicha consejería la actual presidenta de las Cortes autonómicas, llegando a filtrarse que se adquirieron aperitivos por 476’85 euros el día 23 de septiembre, por 141’10 euros el día 24, por 255’30 el día 26, o por 213 euros el día 29. Es decir, casi 1.100 euros en aperitivos en apenas seis días.

Pero no queda ahí la cosa, la actual presidenta del parlamento autonómico habría usado la visa oficial para pagar con dinero público una cena de 531’55 euros en el restaurante La Posada de las Esencias de La Seca (Valladolid) el 25 de diciembre de 2010, visa oficial que ya había utilizado en noviembre y diciembre de 2008 en otros establecimientos de restauración como El Sitio de Segovia (donde la cena salió por 155’74 euros) o El Torreón de Tordesillas (donde la cuenta ascendió a 171’41 euros).

A ello se podrían sumar los extraños gastos de Silvia Clemente en joyería y ropa que en su día fueron filtrados por una funcionaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería y que le valieron a dicha funcionaria ser sancionada por la Junta. Estos gastos, que se concretaban en pulseras, joyas, bolsos, collares o jerséis, ascendieron a 2.800 euros, y se realizaron entre marzo de 2009 y diciembre de 2010, siendo filtrados a la prensa, lo que fue calificado por Clemente como “información de cloaca”. No obstante, el juez designado determinó que 6 de las 48 facturas habían sido abonadas personalmente por la consejera por ser gastos personales (cabe preguntarse cómo y por qué, si se trataba de gastos personales, habían llegado dichos recibos a los funcionarios de la Consejería de Agricultura) considerando que las 42 facturas restantes, contabilizados como gastos de protocolo y representación, podían justificarse como pagos asumibles por la Consejería.

Pero la relación entre los gobernantes por estas tierras y la corrupción es mucho más larga, y se podrían añadir casos como la trama de las eólicas (que habría repartido 110 millones de euros entre cargos de la Junta), el caso Caja España (en el que está implicado el número 3 del PP Fernando Martínez-Maíllo), o el ‘caso Piscinas’ de Salamanca (que estaría directamente relacionado con los llamados ‘papeles de Salamanca’, que indicarían una presunta financiación irregular del PP salmantino en las elecciones de 1999, con el actual alcalde de Salamanca, Fernández Mañueco, como secretario provincial del PP entonces, y en los que aparecen empresas como Eulen, FCC, Curto o Gecocsa como supuestas financiadoras de la campaña del PP).

Y llegados a este punto, muchos se preguntarán por qué en la inmensa mayoría de los medios de prensa que hay en la comunidad autónoma no sale nada de todo esto. Quizá la razón se sitúe en torno a las subvenciones que reciben de la Junta, que ascienden a cerca de 30 millones de euros anuales en anuncios institucionales. Dicho lo cual, ya se sabe el dicho, “la burra hay que atarla donde diga el amo aunque se ahorque”. Y desde luego, por estas tierras abundan los ‘estómagos agradecidos’. Así nos luce el pelo.