Sábado, 16 de diciembre de 2017

La Junta, obligada a convocar su primer concurso de méritos desde 2006

Conocida es la discrecionalidad con la que actúa la Junta en materia de Función Pública, abusando de los nombramientos de libre designación y de las comisiones de servicio en detrimento de la carrera profesional y de los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que debiera observar cualquier Administración. Pero lo que ya clama al cielo es que resista a cumplir las sentencias judiciales que le obligan a atenerse a la legalidad establecida.

Es el caso de la que dictó el pasado mes de octubre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia obligando a la consejería de Agricultura y Ganadería a convocar el concurso de méritos correspondiente al cuerpo de ingenieros técnicos agrícolas de la Administración Autonómica. Después de años reclamando dicho concurso de méritos -desde 2006 no se ha convocado ninguno en ninguna consejería- el sindicato Sitacyl, que agrupa a los ITAs y graduados agrarios, promovió una demanda que concluyó con dicha sentencia, que ordenaba a la consejería a realizar en el plazo de seis meses las correspondientes convocatorias.

Como sea que la sentencia se comunicó a las partes el 28 de octubre de 2015, el plazo establecido finalizó el pasado 28 de abril, sin que hasta la fecha Agricultura haya dado cumplimiento a dicha resolución judicial. Aunque fuentes de la consejería, emulando a Aznar en el rancho de Bush,aseguran que “están trabajando en ello”, Sitacyl no se fía y va a instar de inmediato por vía judicial la ejecución de dicha sentencia, sin descartar posibles acciones de índole penal si la Junta no acata la misma en todos sus términos. El sindicato se malicia que la consejería sortee la situación convocando un concurso de méritos “capado” que no incluya la totalidad de vacantes a las que tienen derecho los funcionarios de dicho cuerpo.

Según las estimaciones del Sitacyl, el 44 por ciento de las plazas accesibles a los ingenieros técnicos agrícolas permanecen vacantes y el 32 por ciento de las ocupadas lo están en régimen de comisión de servicio. “Si hubiera concursos de traslados, un elevado porcentaje de estos funcionarios en comisión de servicio accederían en propiedad a las mismas plazas, pero interesa mantener a los afectados en situación de permanente agradecimiento y fidelidad”, denuncia el sindicato.