Informe Anual de Amnistía Internacional: los Derechos Humanos en España (2015). Poco que celebrar.
La libertad de reunión se vio restringida por nuevas disposiciones legislativas. Se denunciaron nuevos casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de la policía. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo expulsiones colect
Las violaciones de derechos humanos derivadas de la crisis económica persisten. Cerca de 750.000 personas en situación administrativa irregular vieron limitado su derecho de acceso a la salud. Durante los primeros nueve meses de 2015, se iniciaron más de 52.000 procesos de ejecución hipotecaria. Se ha retrocedido en la protección de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en España.
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Guillermo Castán Lanaspa. Activista de Amnistía Internacional.
En los últimos años se han experimentado en España retrocesos importantes en derechos humanos, tal y como está ocurriendo en otras partes del mundo. Amnistía Internacional ha denunciado cada retroceso en el momento en que se producía y ha llamado a las autoridades a rectificar, y también ha buscado la movilización ciudadana en su defensa. El balance, sin embargo, es preocupante. Veamos:
En julio entraron en vigor una reforma del Código Penal y una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ambos textos tipifican delitos que pueden limitar de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La Ley de Seguridad Ciudadana establece límites sobre dónde y cuándo se permiten las manifestaciones, y sanciones adicionales para quienes celebren manifestaciones espontáneas frente a ciertos edificios públicos. Además, dota a los agentes de policía de amplias competencias para multar a personas que les muestren "faltas de respeto". También tipifica como delito la difusión de imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las repercusiones de esta ley.
En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó que España modificara la definición de la tortura en su legislación y que investigara de forma efectiva todas las denuncias de tortura y otros malos tratos. Se recibieron informes sobre casos de malos tratos en la frontera y en centros de detención a manos de funcionarios. Los retrasos y la ineficacia de las investigaciones relacionadas fueron motivo de preocupación. Numerosas causas se archivaron sin dar lugar a procesamientos, incluidas varias en las que no fue posible identificar a los agentes de policía implicados porque no llevaban placa de identificación en el uniforme.
En marzo se modificó la ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de migrantes y refugiados en las fronteras de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. La nueva disposición allanaba el camino para nuevas expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional. En mayo, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por la práctica de las "devoluciones en caliente" ya que el rechazo en frontera impide el acceso a los procedimientos de asilo.
En octubre se ordenó el archivo provisional de la investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por la Guardia Civil en la playa de El Tarajal en febrero de 2014, cuando agentes de la Guardia Civil emplearon proyectiles de goma y botes de humo para impedir que unas 200 personas llegaran a nado al lado español de la playa desde el lado marroquí. Se devolvió sumariamente a Marruecos a 23 personas, y al menos otras 14 murieron en el mar.
Por otro lado, la reforma en octubre de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no elimina el uso de la detención en régimen de incomunicación, pese a que varios organismos internacionales de derechos humanos han señalado con preocupación que este tipo de detención incumple las obligaciones internacionales de España. Los avances se limitaron a excluir a las personas menores de 16 años de la aplicación del régimen de detención incomunicada.
En julio se modificaron varios artículos del Código Penal relativos a los actos de terrorismo, incluida la definición de estos actos, que pasó a ser más amplia. El relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión señaló que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que no constituirían de otra manera terrorismo y dar lugar a la imposición de restricciones desproporcionadas sobre el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, entre otras limitaciones.
Por lo que respecta a la violencia contra las mujeres, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 56 mujeres habían perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas hasta mediados de diciembre. Y en julio el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a España a garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia de género tuvieran acceso a reparación y protección, que los funcionarios que las atendían contaran con la formación adecuada y que se enjuiciara a los responsables. Las mujeres víctimas de violencia de género siguen encontrando numerosos obstáculos en los juzgados: no reciben información adecuada sobre sus derechos, hay falta de diligencia en la investigación judicial, los profesionales no están adecuadamente formados, existe gran dificultad para demostrar la violencia psicológica y se repiten los prejuicios y el trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas.
Las definiciones de desaparición forzada y tortura en la legislación española siguen sin ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos, y ha habido importantes restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal. También en julio, un tribunal militar archivó la investigación de las torturas infligidas por cinco militares españoles a dos detenidos en una base militar española en Irak en 2004, debido a que no había podido identificar a las víctimas ni a los responsables.
Y se sigue privando del derecho a obtener verdad, justicia y reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen de Franco (1936-1975), ya que las autoridades españolas no prestaron asistencia adecuada a los jueces argentinos que investigaban estos crímenes.
En marzo, el gobierno rechazó una solicitud presentada por la justicia argentina, que pedía la extradición de 17 personas. Posteriormente, un grupo de expertos de la ONU instó a España a cumplir su obligación de extraditar o juzgar a las personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos.
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La lista de problemas del gobierno español con los derechos humanos es más amplia, de modo que no hay motivos para sentirse orgullosos, y sí para que los ciudadanos seamos capaces de obligar a los gobernantes a cumplir escrupulosamente esas promesas de defensa a ultranza de los derechos humanos que, con gran énfasis, dicen asumir en momentos especiales, especialmente en vísperas electorales.
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