Sábado, 16 de diciembre de 2017

El espejismo de la recuperación económica

El calendario marcado a partir de la fallida investidura de Pedro Sánchez ha situado la convocatoria formal de las nuevas elecciones generales del 26 de junio justo después de la celebración del 1º de Mayo. Y basta ver el Manifiesto conjunto suscrito por UGT y Comisiones Obreras, titulado “Contra la pobreza salarial, trabajo y derechos”, para constatar la frustración que ha producido la incapacidad de las fuerzas de izquierda y progresistas para articular un gobierno de cambio que devolviera a los asalariados los derechos económicos y sociales expoliados por las reformas y recortes aplicados desde aquel fatídico mayo de 2.010.
 
Manifestación del 1 de mayo en Valladolid
“El peor de los escenarios era ir a nuevas elecciones”, ha dicho el secretario autonómico de Comisiones Obreras, Ángel Hernández, quién, al igual que su nueva pareja de hecho en UGT, Faustino Temprano, piensa que se ha dejado la puerta abierta a otros cuatro años de gobierno de la derecha “que serían más de lo mismo”.
 
  Se ha tocado con la mano la posibilidad de derogar unas políticas que han devaluado los salarios hasta el extremo de crear la figura del “trabajador pobre”, que han disparado la precariedad, que han reducido la desprotección social, que han puesto en quiebra la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que amenazan con seguir deteriorando las prestaciones y servicios del Estado de Bienestar Social. Y en definitiva que han convertido a España en el país europeo con mayor desigualdad social y con mayor número de familias en situación o en riesgo de exclusión.
 
Pero las dos principales fuerzas políticas (léase PSOE y Podemos) llamadas a impulsar el cambio político demandado por los sindicatos y, lo que es más significaativo, por la inmensa mayoría de sus propios votantes, no han querido ver más allá de sus orejeras partidistas, frustrando una oportunidad histórica que no es seguro que vaya a repetirse después del 26 de junio.
 
Oficina del Ecyl  en Ponferrada
 Entretanto, la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año ha dejado al descubierto que el espejismo de la recuperación económica ni siquiera garantiza la creación de ese empleo precario y de ínfima calidad que venía produciéndose. En un contexto económico de crecimiento sostenido en torno al 3 por ciento del PIB, dicha EPA ha resultado demoledora, en especial para Castilla y León, que ha acaparado por sí sola 8.000 de los 11.900 nuevos parados registrados en España.
 
Con estos 8.000 nuevos desempleados -para mayor inri generados en un trimestre que incluyó la Semana Santa- el número de parados en la comunidad se dispara hasta los 209.400, situando la tasa de paro en el 18.33 por ciento. El dato es mucho peor si se atiende a la evolución del número de ocupados, que ha disminuido en 11.100, cayendo a 932.800. Y definitivamente pésimo si se considera que en el mismo trimestre la población activa de la comunidad se ha reducido en 3.200, bajando a 1.142.000, con una tasa del 54,82 por ciento, casi cinco puntos por debajo de la estatal. Es decir, que el paro aumenta en el mismo periodo que se pierde población activa.
 
De los 209.400 parados en Castilla y León, 117.850  no reciben ningún tipo de prestación y se cifran en 97.000 el número de familias con todos sus miembros en desempleo. Y otro dato más: aunque la tasa regional de desempleo es del 18,33 por ciento, tres provincias de la comunidad superan la media del 21 por ciento nacional: Zamora (21,09), León (21,45) y Ávila (26,67).
 
 La población, en caída libre.- Casualmente, el mismo día en que se conocía esta demoledora EPA, el Instituto Nacional de Estadística daba a conocer el avance del Padrón continuo de población, de resultas del cual Castilla y León ha perdido en 2.015 otros 26.221 habitantes (el 1,1 por ciento de su población). El dato confirma y agrava el desplome demográfico iniciado a partir de 2.009, año  a partir del cual está comunidad autónoma ha perdido 117.730 habitantes,  casi el 5 por ciento de su población.
 
Rosa Valdeón y José A. de Santiago
 A fecha 1 de enero de 2016 el padrón de 2.563.521 contabilizados ese año 2.009 ha pasado a ser 2.445.791, que es el censo más reducido en lo que va de siglo, habiendo que remontarse casi cincuenta años atrás otro mas reducido que el actual.
 
 Al igual que se ha visto con el empleo, el dato demuestra que ese crecimiento del PIB con el que se avala la cacareada recuperación económica no contiene la sangría poblacional. El incremento del 2,9 por ciento del PIB en la comunidad no ha evitado un nuevo retroceso demográfico en las nueve provincias. Algunas de ellas están poco menos que en caída libre, como León, que desde 2009 se ha quedado sin 27.000 habitantes, circunstancia que le ha hecho perder uno de los cinco escaños de diputados con los que ha estado representada en el Congreso de los Diputados desde 1977. Cerca de 19.000 habitantes ha perdido en estos siete años Salamanca y más de 15.000 Zamora, porcentualmente la provincia más castigada por la despoblación (y al mismo tiempo, como la de León, por el paro).
 
 Todo esto solo dos días después de que la Junta constituyera el llamado Consejo de Políticas Demográficas, el enésimo órgano consultivo creado para enmascarar el rotundo fracaso de la Agenda de Población puesta en marcha en 2010 por la consejería de la Presidencia, cuyo titular, José Antonio de Santiago-Juárez, aprovechó la nueva estructura de gobierno creada en la Junta para endosar la patata caliente de la despoblación a la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón. Si aplicando los mismos métodos no pueden esperarse distintos resultados, menos aún cabe esperarse soluciones de meros ejercicios de simulación. Siete años llevamos comprobándolo.