Miércoles, 13 de diciembre de 2017

28 de abril, por la Salud en el Trabajo

20 años de Ley de Prevención de Riesgos laborales, luces y sombras, evolución e involución ante los logros conseguidos y los derechos arrebatados. Con la voluntad de conseguir un bienestar integral en la vida laboral de los trabajadores y trabajadoras, hemos pasado paulatinamente de reparar los daños que se causaban en los accidentes laborales, a instaurar una acción preventiva fomentando la educación en las empresas, la formación de las personas trabajadoras y la siempre difícil concienciación de la clase empresarial, siempre reacia a todo aquello que interpreta como un coste económico, sin recaer en la eficacia y eficiencia de prevenir los accidentes, en beneficio de la productividad y la calidad de vida laboral de las personas.

            Sin embargo, en la actualidad y desde hace ya varios años, la apuesta por políticas de ajuste de marcado acento neoliberal, como alternativa de salida de la crisis, especialmente representadas por las dos reformas laborales impuestas, han deteriorado de forma grave la negociación colectiva y el ejercicio efectivo de derechos, elementos imprescindibles para la salud y la seguridad en el trabajo.

            Durante esta última legislatura, desde el año 2012, se ha producido un terrible cambio de tendencia en los accidentes laborales y consiguientemente en la siniestralidad. En estos cuatro años, han fallecido 2.310 trabajadoras y trabajadores y se han acumulado incrementos del 8% en el índice de incidencia de todos los sectores y el 9% para la siniestralidad mortal.

            Es inadmisible, que en pleno Siglo XXI, fallezcan más de 600 personas en un año por el hecho de ejercer su actividad laboral.

            El debilitamiento de la negociación colectiva, que conlleva pérdida de derechos y la precariedad de las relaciones laborales, absolutamente inasumibles, son las principales causas que se encuentran, sin lugar a dudas, detrás del incremento de los accidentes laborales.

            En los dos últimos años, los nuevos contratos cuya duración media es inferior a una semana, han pasado de ser de un 10% a un 28%, lo que ha provocado que la falta de formación, la falta de prevención y la inseguridad permanente por mantener el puesto de trabajo, hayan provocado que la siniestralidad haya aumentado en un 48%.

            Y nuevamente nos encontramos con la dura y fría estadística, que nos dice que hasta en este ámbito incide la desigualdad entre hombres y mujeres. En este mismo periodo de tiempo, por sexos la siniestralidad ha aumentado entre los hombres en un 2.8% mientras que entre las mujeres ha sido de un 12.3%. Esto se explica claramente por como los sectores altamente feminizados, son los que más vulnerabilidad sufren, más desregulación y mayores incumplimientos de la ley que nos debería proteger a todos y todas, las empleadas de hogar, las cuidadoras de centros asistenciales y las industrias manufactureras,  copan la mayoría de estos accidentes, graves en su mayoría con los correspondientes partes de baja.

            Misma deriva han sufrido durante los últimos cuatro años, el reconocimiento de las Enfermedades Profesionales, a la cabeza el cáncer seguido de los riesgos psicosociales. Esta falta de reconocimiento, sin duda tiene un gran sector beneficiario, que es el de las Mutuas, las cuales huyen de estos espacios por tener que ser ellas quienes se hicieran cargo de los tratamientos y las medidas preventivas, derivando dichos costes y atenciones a los Servicios públicos de la salud, aumentando así el gasto público de una forma injusta y erosionando gravemente la prevención, ya que los riesgos que no se reconocen, nunca existen.

            Sin duda, los objetivos siguen siendo, 20 años después:

.- Ninguna persona trabajadora sin protección.

.- Garantizar la igualdad y la equidad de las medidas preventivas y protectoras.

.- Potenciar la intervención de la Inspección de Trabajo.

.- Independencia y calidad de los Servicios de Prevención.

.- Financiación estable y garantista de las políticas públicas de Salud laboral.

.- Transformación del modelo de Mutuas.

.- Impulso de la democratización de las relaciones laborales.