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| Trabajadores de Lauki y Dulciora en Villalar |
A través del llamado Manifiesto de Villalar, que en los últimos años suscribían la totalidad de las fuerzas políticas parlamentarias, agentes sociales y organizaciones ciudadanas convocantes, permitía elaborar un diagnóstico común sobre los problemas y carencias que aquejaban a esta comunidad autónoma. No había consenso sobre las soluciones y alternativas, y menos aún sobre las responsabilidades políticas, pero al menos se constataban las debilidades que había que combatir.
La demoledora reforma laboral y la escalada de recortes sociales impuestos por el gobierno de Mariano Rajoy y aplicados por la Junta dieron al traste con ese Manifiesto, y con él con ese diagnóstico común. En su ausencia, la campa de Villalar ha acogido en estos años de plomo a toda suerte de colectivos y trabajadores damnificados por la crisis y por las políticas del PP. En una concentración que lleva en su ADN la reivindicación, nada más normal que la pancarta social se hiciera omnipresente en la cita comunera.
Después de habernos hecho creer que la recuperación económica era imparable y de cerrar 2015 con un crecimiento del PIB próximo al 3 por ciento -décima arriba el Estado, décima abajo Castilla y León-, lo que no estaba en el guión es que trabajadores como los de Lauki y Dulciora, empresas plenamente viables y receptoras de ayudas públicas, se encuentraran amenazados de cierres por decisión de unas multinacionales a las que les sale rentable una deslocalización servida en bandeja por la reforma laboral. Como tampoco se esperaba que, valiéndose de esa misma reforma, el grupo Unicaja decidiera prescinfir de otros 1.120 trabajadores de España-Duero, cuya plantilla al final quedará reducida a menos de la mitad de la que sumaban esas antiguas Cajas antes de fusionarse.
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| Juan Vicente Herrera |
n style="font-size:11pt;">Consciente de que esta comunidad sigue sumida en un claro declive social y económico, con unas perspectivas que apuntan hacia peor, el discurso oficial de Juan Vicente Herrera ha dejado de ser tan complaciente como en el pasado. Pero mantiene la misma retórica huera y no asume la mínima responsabilidad exigible a quien ha cumplido ya 15 años al frente de la Junta.
Los problemas estructurales que aquejan a Castilla y León, su desplome demográfico y sus desequilibrios territoriales internos, siguen agudizándose sin que desde el gobierno autonómico se afronte ninguna política para frenarlos. Es cierto que es un problema compartido con otras comunidades, pero ninguna ha perdido en los últimos seis años 91.469 habitantes, una población equivalente a la de toda la provincia de Soria.
Y en lugar de reconocer el rotundo fracaso de la Agenda para la Población aprobada en2010, el gobierno Herrera ha decidido escurrir el bulto declarando "problema de Estado" la crisis demográfica. Hasta el punto que, puestos a echar balones fuera, ahí ha estado la pasada semana el propio Herrera defendiendo en Bruselas que sea la Unión Europea la que implemente políticas que contengan la sangría demográfica. Apañados estamos.
Un gobierno autonómico que en 2012, decidió prescindir, justo cuando mas hacía falta hacía, del Plan plurianual de Convergencia Interior contemplado por el Estatuto de Autonomía para corregir los desequilibrios territoriales (esos que hacen que, sobre una media del 89 por ciento, la renta per capita provincial oscile entre los 109 puntos de Burgos y los 77 de Ávila). Un Plan que la Junta se niega a restablecer, incumpliendo la Ley de Ordenación aprobada en 2013, una de cuyas disposiciones finales obligaba a su restablecimiento tan pronto como el PIB de la comunidad creciera por encima del 2 por ciento.
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| Imagen de un pleno de las Cortes |
Y podemos darnos con un canto en los dientes si, una vez que se ha flexibilizado el objetivo de déficit de las comunidades para 2016, que vuelve a ser del 0,7, con esos 210 millones de euros de gasto adicional nos libramos de los recortes que pretendía imponernos el ministro Montoro. Será en todo caso pan para hoy y hambre para mañana mientras no se aborde la reforma del actual modelo de financiación autonómica, algo que no sucederá hasta que el actual gobierno en funciones sea relevado por el que resulte de las nuevas elecciones generales. Entretanto, la Junta seguirá parcheando la situación a base de incrementar un endeudamiento que está hipotecando a pasos agigantados el futuro de la comunidad.
Al bloqueo existente en la política española, se suma el que viene dándose en Castilla y León desde las pasadas elecciones autonómicas, en las que el empate a escaños en las Cortes de Castilla y León ha permitido al PP prolongar un ciclo político completamente agotado, con un presidente atrapado en su propio laberinto y más preocupado de salir indemne de su propio pasado que de impulsar un nuevo proyecto colectivo de comunidad que no admite demora. Un bloqueo que está agudizando la crítica situación de una comunidad sin rumbo, con el escarnio democrático de que un gobierno apoyado en los 514.301 votantes que obtuvo el PP viene sustrayéndose al control parlamentario y neutralizando sin rubor iniciativas sustentadas por el resto de los partidos, que representan en conjunto 734.696 votos. Se mire como se mire, una aberración democrática.
