Domingo, 17 de diciembre de 2017

La incriminación de "Manos Limpias", un alivio para la Junta

El procedimiento judicial abierto contra el sindicato “Manos Limpias”, cuyo máximo dirigente, Miguel Bernard, ha ingresado en prisión como responsable de presuntos delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, ha sido acogido con alivio, por no decir con gran satisfacción, por el gobierno que preside Juan Vicente Herrera.

El motivo es fácil de comprender: el sindicato decidió recientemente personarse como acusación popular en las diligencias judiciales abiertas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en relación con el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa de las desaparecidas empresas públicas Gesturcal y ADE Parques.

Visto el decisivo papel jugado por “Manos Limpias” en el caso Nóos, su personación en las diligencias que instruye el Juzgado numero dos de Valladolid, donde se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude contra la Administración y enriquecimiento ilícito, había causado honda preocupación en el seno del gobierno autonómico. En el colegio de la Asunción empezaba a producir pesadillas la posibilidad de que la misma abogada del caso Nóos, la vallisoletana Virginia López Negrete, acabara asumiendo la acusación en un procedimiento en el que están investigados seis altos cargos del actual gobierno Herrera.

La Junta, que por otra parte sigue sin personarse en las diligencias judiciales, como si no fuera con ella un caso el que se investiga un quebranto a las arcas de la comunidad, confía en que, tras ser etiquetada por la Audiencia Nacional como una “organización criminal”, Manos Limpias desista de dicha personación.

En cualquier caso, la investigación judicial seguirá su curso en el Juzgado vallisoletano, ante el que mañana declararán en calidad de testigos los miembros de la mesa de contratación del concurso exprés convocado en su día para el alquiler de la Perla Negra, el edificio de la consejería de Economía oficialmente denominado “Soluciones Empresariales”. Entre el 23 de mayo y el 16 de junio están fijadas las declaraciones de la mitad de los investigados, entre ellas las de los seis altos cargos de la Junta, implicados como antiguos miembros de los Consejos de Administración de Gesturcal y ADE Parques.

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