Jueves, 14 de diciembre de 2017
Ciudad Rodrigo al día

Anotaciones sobre el deber de memoria republicana

Este jueves 14 de abril se cumplen 85 años de la proclamación de la II República Española

El día 14 de abril se cumplen 85 años del primer referente democrático en España, que fue la II República. Como es sabido, mediante la traición y la violencia, fue destruido y vilipendiado por el sistema represivo de Franco. De un modo visible esto se inició con la rebelión militar del 17 al 18 de julio de 1936, que venía gestándose de mucho antes, y se concluyó con el triunfo bélico de los “nacionales” en 1939. Entonces se extendió a toda España la feroz represión que ya habían experimentado los territorios de la retaguardia franquista, como el de la comarca mirobrigense desde la proclamación del bando de guerra en Ciudad Rodrigo el 20 de julio de 1936. La violencia de Estado entonces y después era de sobra conocida por las víctimas que no sucumbieron al sacrificio, pero ellas mismas reprimieron sus recuerdos dolorosos a causa de un miedo del que todavía se perciben las secuelas (“mi madre no quiere que hablemos de esto”). Fue la época de la “negación de la memoria” republicana (y de exaltación de la memoria nacional-católica) durante la Dictadura, que, según el análisis de F. Espinosa (2006), iría seguida del “olvido” en la Transición (1977-1981) y la “suspensión” (1982-1996) hasta el “resurgir” (1996-2002). En teoría la Ley de Memoria Histórica (BOE, 27/12/2007), a pesar de sus limitaciones, debía allanar el camino para la “recuperación” de esta memoria, como explícitamente señalaba en la exposición de motivos:

En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. La presente Ley (…) reconoce (…) un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano (…). En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la Represión de la Dictadura.

No parece que las instituciones castellano-leonesas en general y las salmantinas en particular se hayan sentido mayormente obligadas por el cumplimiento de la Ley, que prometía y exigía ayudas concretas, pero se ha traducido en una actitud pasiva que recuerda la del pasado. Si la Dictadura instauró la ley del silencio, aquí parece haberse perennizado el principio de la Transición, “el olvido”, que, como en el caso del Holocausto organizado por los nazis, era precisamente lo que buscaba el sistema represivo franquista (ocultar los delitos, eliminar testigos o amedrentarlos, quitarles crédito, para que no quedaran recuerdos de las víctimas en la Historia) y así ha conseguido perennizar la impunidad de sus crímenes. Hoy todavía, llegado el caso de que se evoque el tema, no resulta extraño que, sobre todo en el anonimato de los comentarios de la red informática, se perciban voces que son un eco fiel de la negación de la memoria de las víctimas republicanas. De hecho son falacias y sofismas que no por mucho repetirse pueden apuntalar un argumentario sólido, pero consiguen aburrir y cansar a quien los lee o escucha, con el objetivo de que se abandone el tratamiento del tema). Para curase en salud contra este efecto, se pueden enumerar los tópicos más socorridos y avanzar las aclaraciones que cada caso requiere.

1. Algunos tardo-franquistas creen o fingen creer que la cuestión del deber de memoria quedó zanjado con el resultado de la contienda, como si de un partido de fútbol se tratara (“lo importante es ganar aunque sea de penalti injusto”). A los vencidos no les quedaría derecho alguno a la reivindicación de un modelo político republicano (“para eso ganamos la guerra”). Sus detractores no se han parado a pensar que los republicanos de la retaguardia “nacional”, como los de este territorio, difícilmente podían ganar una guerra que, sin armas, nunca tuvieron ocasión de librar, pues desde el Alzamiento fueron víctimas de la represión armada e ideológica, que se prolongó durante cuarenta años (y, en consecuencia, tampoco es algo tan remoto como se dice). En todo caso, la victoria militar en modo alguno pudo darle al Nuevo Estado la legitimidad que no tenía, por mucho que perdurase en el tiempo (una dictadura siempre será una dictadura y no podrá pasar por otra cosa ante la Historia).

2. Existe una visión consensuada de la guerra y la represión que corresponde a lo que R. Robledo ha denominado la equiviolencia (“todos perdimos la guerra”, “todos igualmente culpables”). En realidad así se da por buena la versión franquista de los hechos, que ha promocionado la imagen de las víctimas del “bando nacional” y ocultado la de sus adversarios, pero sobre todo pretende esquivar la responsabilidad que en todos los estragos de la guerra incumbe al “Caudillo”, a los otros militares rebeldes y a quienes los apoyaron. Como recuerda Paul Preston (2011: 17), el holocausto español fue el fruto de aquel odio cultivado que empezó a caer con la proclamación de la guerra el 17 y 18 de julio de 1936: 200.000 hombres y mujeres asesinados lejos del frente, 300.000 muertos en los frentes de batalla, un número desconocido de hombres, mujeres y niños víctimas de bombardeos y éxodos, unos 20.000 ejecutados republicanos después de 1939 y otros muchos más que murieron de hambre y enfermedades en cárceles, campos de concentración y batallones de trabajo, 500.000 exiliados, entre los cuales varios miles sucumbieron en los campos de internamiento franceses y en los campos de exterminio nazis.

3. La teoría del olvido se apuntala con la llamada a presuntos buenos sentimientos. La metáfora de las “heridas” ha dado mucho de sí. La ley hablaba de cerrar heridas, pero la tradición nacional-católica lleva tiempo predicando lo de que “no hay que abrir heridas”, como si alguien hubiera reconocido esas heridas de las familias “republicanas”, mientras durante décadas se ha glorificado a las víctimas e incluso a los victimarios “nacionales”. Salta a la vista la injusticia comparativa. Por otro lado, viniendo de quien viene la aplicación de esta doctrina, no deja de sorprender este reparo a nombrar y señalar el dolor “civil” en un país como España, donde la confesión religiosa mayoritaria impone a todos los ciudadanos (creyentes o no) la exhibición de imágenes representativas de la Pasión en espacios públicos y medios de comunicación.

4. De un modo análogo, la urgencia de grandes problemas sociales (el paro, la crisis económica) lleva a algunos a rasgarse las vestiduras ante las míseras ayudas (hoy obsoletas en esta Comunidad) para la exhumación de fosas. Más eficaz y justo sería que estos caritativos partidarios de la amnesia histórica reclamaran medidas de gobierno contra la corrupción política generalizada y las corruptelas fiscales, con las que sí se podría remediar en parte esa clase de problemas. (Quizá no esté demás recordar que el mismo Jesucristo tuvo que defender a María de Betania de las críticas de Judas por el derroche de perfume vertido a los pies del Maestro, cuyo importe se podría haber dado a los pobres, pero “esto decía, no por  amor a los pobres, sino porque era ladrón, y, llevando él la bolsa, hurtaba de lo que en ella echaban” [Jn. 12: 6]).

5. Con estas actitudes se relaciona la de aquellos que, para negar el derecho de memoria a las víctimas de la represión franquista o a sus familiares, traen a colocación la represión republicana (“mi abuelo fue asesinado en Paracuellos”, adonde remiten infinidad de “nietos” biológicos e ideológicos). Los que recaban el legado democrático republicano no les piden a los “nietos nacionales” que olviden a sus muertos, ya celebrados para siempre en la hagiografía franquista e, incluso, elevados muchos a la categoría de “mártires”. Por cierto, se puede ser republicano y cristiano (o de otra creencia). Muchos procesados y condenados a muerte en consejos de guerra eran buenos cristianos y aceptaron su muerte injusta, dejando constancia de ello en sus cartas cuando estaban en capilla. Al parecer, nadie hasta ahora ha solicitado su canonización.

6. La coartada cultural se utiliza para defender el mantenimiento de los símbolos franquistas y los nombres de responsables de la represión en la toponimia, el callejero y los edificios. La cuestión se plantearía si, a pesar de su falta de contenido ético, se tratara de obras de arte, dignas de conservarse con una necesaria aclaración sobre su motivación fascista y represiva. Pero en general son burdas apologías de los represores y la represión, que algunos herederos ideológicos del fascismo y sus métodos a veces se atreven a defender con amenazas a cencerros tapados o sacando la lengua a pasear, lo que es un hecho constitutivo de delito. La susodicha Ley se ocupa de estos pormenores (cap. 15:1):

Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, escudos, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

Cuanto más corre el tiempo más urgente se hace el cumplimiento del “deber de memoria” para terminar con estos impresentables resabios de franquismo. En el último homenaje a las víctimas de Robleda (09/08/15) proponíamos que, con motivo del LXXX aniversario del inicio de la represión, se debería solicitar ayuda institucional para algunas iniciativas que podrían desarrollarse en el ámbito de Ciudad Rodrigo y su comarca: 1) un homenaje a las víctimas en el marco de una jornada de reflexión sobre el legado republicano; 2) la elaboración de un mapa de las fosas existentes en la zona y ver la manera de que se señalen al público; 3) la colocación de placas conmemorativas en los cementerios donde haya restos de republicanos asesinados; 4) la eliminación de símbolos, nombres y rótulos fascistas o franquistas en la toponimia, el callejero y los edificios; 5) la publicación de nuestro estudio sobre “la represión franquista en el SO de Salamanca (1936-1948)”.

En distinta medida parece que estas iniciativas han tenido una acogida favorable en algunas corporaciones municipales, empezando por la de Ciudad Rodrigo. Por nuestra parte, la tarea más laboriosa es la publicación del estudio sobre la represión franquista, que ha asumido el Centro de Estudios Mirobrigenses. Como, de acuerdo con la Ley, entendemos que el deber de “fomentar la memoria democrática” incumbe a las autoridades democráticas, en primer lugar, han sido solicitadas para colaborar con otras instituciones en la edición la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y los Ayuntamientos de las localidades más represaliadas dentro de las sesenta afectadas: La Alberca, La Alberguería, Campillo de Azaba, Casillas de Flores, Espeja, La Fuente de San Esteban, Fuentes de Oñoro, Mogarraz, Navasfrías, El Payo, Peñaparda, Retortillo, Saelices El Chico, Sancti-Spíritus, Villar de Ciervo, etc. La reacción no ha sido hasta ahora muy entusiasta. La Junta, la Diputación y la mayoría de los Ayuntamientos han dado la callada por respuesta, pero todavía están a tiempo de manifestarse. Constituyen honrosas excepciones las corporaciones de Aldea del Obispo, El Bodón, Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo y Robleda, que se han comprometido a colaborar en la publicación. En cambio, la suscripción popular ha tenido un eco ampliamente favorable en España y Francia, entre familiares de víctimas, estudiosos y personas abiertas a esta iniciativa. Nuestro agradecimiento sincero desde ahora a todos ellos. Su curiosidad quedará satisfecha, esperamos, entre junio y julio, en que se prevé la aparición del libro.

Esto último demuestra que allí donde no llega el compromiso oficial con el deber de memoria puede alcanzar el de algunos ciudadanos. Es un estímulo para la conmemoración de “las efemérides de la represión en su LXXX aniversario” en las localidades de la comarca mirobrigense que pensamos describir a partir del 17 o 18 de julio próximo.