Piden la ejecución de la sentencia que anula la licencia del Corona Sol

La Asociación Avemur, que agrupa a los vecinos de la calle Alarcón, afectados por las irregularidades urbanísticas relacionadas con el Hotel Corona Sol, en la avenida de Villamayor, ha presentado un escrito en el Juzgado de lo Contencioso / Administrativo número 2 de Salamanca instando la ejecución de la sentencia firme que anuló la licencia de cambio de uso.

Comunicado de Avemur

Le comunico que el viernes día 8 presentamos un escrito en el Juzgado de lo Contencioso / Administrativo num. 2 de Salamanca instando la ejecución de la sentencia firme que anuló la licencia de cambio de uso. El texto presentado es el siguiente:

"DIGO: que vencidos los plazos legalmente establecidos sin que la sentencia dictada en el procedimiento de referencia conforme a la redacción dada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 18 de noviembre de 2015, dictada en el recurso de apelación número 20/2015 declarando que " debemos anular y anulamos la resolución del Quinto Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, de 12 de septiembre de 2011, que concedió a la empresa Palco 3, S.L. licencia de obras y cambio de uso para adecuación de edificio a hotel en la calle Víctor García de la Concha, s/n de Salamanca,debiendo el Ayuntamiento mencionado adoptar las medidas precisas que requiérala ejecución de este fallo" haya sido ejecutada, interesa al derecho de mi representada que por el Juzgado se requiera a tal fin al Ayuntamiento de Salamanca para que informe de los actos, acuerdos y requerimientos dictados al objeto de dicha ejecución, sin perjuicio de llevarla de inmediato a puro y debido efecto de inmediato suspendiendo cautelarmente la actividad desarrollada en el edificio so pena de los apercibimientos legales oportunos, y en su virtud al Juzgado

SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito sus copias, se sirva admitirlos y requerir a la administración demandada en los términos descritos."

Por su parte, en la Diligencia de Ordenación de la Sentencia firme que anuló la referida licencia el letrado de la Administración de justicia acordó y notificó lo siguiente:

"Remitir a la Administración demandada certificación literal de dicha sentencia, a fin de que, una vez acusado recibo en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde su recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, debiendo en el mismo plazo comunicar el órgano responsable de su cumplimiento (artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Advertir asimismo a la Administración demandada que, transcurridos DOS MESES a partir de la comunicación de la sentencia, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá solicitar su ejecución forzosa (artículo 104.2 LJCA)."

Como el consistorio del PP, manteniéndose fiel a sus principios y valores inquebrantables de "corrupción y favoritismo a sus amigos", se ha saltado a la torera como siempre su obligación de cumplir la ley y velar por la ciudad y los ciudadanos, no cumpliendo la sentencia que anulaba la licencia y le obligaba a ejecutarla en un plazo de diez días paralizando toda actividad, nos hemos visto obligados a esperar dos meses más (el viernes hizo justo los dos meses desde que fue notificado el Ayuntamiento de la sentencia firme y su obligación para ejecutarla en un plazo de diez días) con el edificio mientras dañando la salud y la vida de los vecinos (que está claro que la vida de la gente les importa un bledo) hasta que por fin hemos podido exigir en el juzgado la ejecución de la sentencia y la paralización cautelar.

Ahora falta por ver si el juez de turno se alineará con los valores tan "rectos y nobles" del PP o si defenderá a los ciudadanos. Si fuera el fiscal ya sabríamos con quién se iba a alinear (por cinco veces nos lo ha demostrado, igualito que Valencia en sus buenas etapas del PP).

También falta por ver si los técnicos y el PP serán capaces de hacer los informes y dar una nueva licencia sabiendo que es doblemente ilegal, por la tramitación del PGOU y por la nulidad del ED que ambos impiden que se conceda ninguna licencia de ningún tipo hasta que se resuelvan dichas situaciones, si quieren jugársela a una demanda por prevaricación.