Domingo, 17 de diciembre de 2017

CSI-F denuncia que 48 empleados de prisiones y 461 sanitarios han sufrido agresiones en la región

El sindicato ha presentado su estadística anual sobre este tipo de incidentes

CSI-F muestra su preocupación por las agresiones a empleados públicos

Al menos 34 incidencias o accidentes regimentales, con 48 empleados afectados o lesionados, es el balance que concreta CSI-F durante 2015 en las prisiones de Castilla y León, a través del Servicio de Prevención de Castilla y León, y de las agresiones investigadas por el subdirector encargado en cada centro penitenciario de la Comunidad.

En la prisión de Ávila se han producido dos agresiones o incidencias, en Burgos 3, en Dueñas 16, en Mansilla 10, en Segovia una agresión, en Soria 2, en Topas 4 agresiones, y en Valladolid una. El mayor número de agresiones se han producido en Dueñas, Mansilla y Topas, con 11, 16 y 7 lesionados, respectivamente.

Pero las agresiones a los empleados públicos se realizan también en otros servicios y administraciones. Así, en la sanidad de Castilla y León se han producido 461 agresiones, de las que las dos terceras partes afectan a los hospitales, y el tercio restante a la atención primaria.

Las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al público, registran de media, al menos, un caso diario de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos en España, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que ha presentado este viernes su estadística anual sobre las agresiones que sufren los trabajadores de las administraciones.

La grave situación de paro que afrontan los españoles hacen de las  oficinas de empleo uno de los puntos calientes, y son el único departamento que cuenta con un protocolo que contabiliza de manera sistemática estos casos. Según datos oficiales, a lo largo de 2015 se registraron 326 casos, un 56 por ciento más respecto a los 208 del año anterior.

A esta cifra habría que añadir los casos que se producen en ámbitos como la Seguridad Social, médicos evaluadores, la Inspección de Trabajo, las encuestas presenciales del Instituto Nacional de Estadística, o los examinadores de Tráfico, que han generado en España al menos medio millar de agresiones y situaciones violentas a lo largo de 2015.

En el ámbito específico del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se observa como los incidentes (casos de violencia física y verbal, insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de oficina) han ido en aumento desde 2012. Por provincias, las Direcciones Provinciales que han realizado más comunicaciones a lo largo del 2015 han sido Barcelona, Zaragoza, Madrid, Málaga y Tarragona.

Estos datos solo reflejan una primera prueba del grave problema de inseguridad que viven a diario nuestros empleados públicos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los casos aún no salen a la luz aunque, tal y como reconoce la Administración, el personal de las oficinas de prestaciones y empleo sufren a diario alguna situación de violencia. Por otro lado, comprobamos que 3 de cada diez oficinas carecen de personal de vigilancia. Destaca el caso concreto de Segovia que, pese a considerarse una oficina crítica (por falta de espacio, privacidad, etc.) no cuenta con vigilante.

De las comunicaciones recibidas, el informe del SEPE muestra que un 76,6 por ciento de los trabajadores han sufrido agresiones verbales (insultos, amenazas, gritos), un 2,8 por ciento físicas (golpes en la mesa, arrojo de objetos), un 0,3 por ciento golpes al trabajador, un 3,7 por ciento agresión verbal y física (hacia el trabajador) y un 16,6 por ciento verbal y física (mobiliario).

Los datos muestran también que la mayoría de las agresiones van dirigidas a las mujeres (un 66 por ciento). Asimismo, en un 24,6 por ciento de los casos ha intervenido la empresa de seguridad, en un 10,5 por ciento las fuerzas de orden público y en un 18,8 por ciento, tanto la empresa de seguridad como los cuerpos de seguridad.