Miércoles, 13 de diciembre de 2017
Ciudad Rodrigo al día

Enusa inicia los trámites para desmantelar la planta de tratamiento de la mina de Saelices

SAELICES EL CHICO | El proceso se había retrasado por la subida del precio del uranio y por el interés que mostró Berkeley
Instalaciones de Enusa en Saelices el Chico | Foto Enusa

La Empresa Nacional del Uranio (Enusa) ha iniciado por fin los trámites para desmantelar una de las partes de las antiguas instalaciones mineras que tenía ubicadas en la localidad de Saelices el Chico, que empezaron a funcionar en 1972 y que dejaron de estar operativas en el año 2000, por considerarse que no era rentable la producción por la bajada mundial del precio del uranio.

Concretamente, ahora llega el turno para el desmantelamiento y cierre de la planta de fabricación de concentrados de uranio, denominada Quercus, que estaba considerada como una instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear (produjo 5.750 toneladas de concentrado de uranio).

Esta planta llevaba en situación de cese definitivo de explotación desde el año 2003, con la intención inicial de proceder a su desmantelamiento a partir de 2005. Sin embargo, el proceso se fue retrasando. Por un lado, se concedieron varias prórrogas por si podía volver a resultar rentable la extracción de uranio ante las subidas que se empezaban a registrar en los mercados internacionales.

Posteriormente, entró en escena la empresa australiana Berkeley, que lleva varios años interesada en poner en marcha explotaciones mineras en el oeste de la provincia de Salamanca. Una de las opciones que estuvo sobre la mesa en su momento es que Berkeley procediera a reactivar la mina (incluso se creó una Plataforma ProMina que ‘luchó’ por ello).  

Tras no llegarse a ese acuerdo, en el año 2012 el Consejo de Seguridad Nuclear ya dio orden de desmantelar la planta Quercus, tras la nueva bajada del precio del uranio (principalmente tras el accidente nuclear de Fukushima, Japón).

En información pública el Estudio de Impacto Ambiental

Dentro del proceso para proceder a su desmantelamiento, lo que ha hecho Enusa es solicitar la pertinente autorización - según marca el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas- al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el órgano competente para su concesión.

En este sentido, Enusa Industrias Avanzadas ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental de la Fase I del proyecto de desmantelamiento y cierre de la fábrica. Lo que ocurre en este momento es que se abre un período de información pública de 30 días, en el cual se puede consultar el Estudio en la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca (en la calle Gran Vía 31, de Salamanca).

Ese plazo de un mes se abre este viernes 8, después de que el Boletín Oficial del Estado recogiera en su edición de este jueves el Anuncio de la citada Dependencia de la Subdelegación por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental.

Como recuerda la propia Enusa en su página web, el proceso de desmantelamiento de las instalaciones mineras comenzó en el año 2000, nada más concluirse las actividades de explotación de las minas de uranio. Dentro de este proceso, en 2003 finalizó el desmantelamiento de la denominada Planta Elefante y de sus eras de lixiviación.

Mientras, en el año 2009 se produjo la restauración definitiva de las explotaciones mineras, estando ambos proyectos en el período de vigilancia y control correspondientes. Según se apunta desde Enusa, el proyecto de recuperación medioambiental es “uno de los de mayor magnitud acometido en Europa y uno de los más importantes de la Unión Europea”, con un presupuesto total de 150 millones de euros.

Lo que busca la restauración es recuperar el espacio natural afectado, para tratar de devolverlo a su estado original, “con unas condiciones medioambientales y radiológicas lo más similares posibles a antes de la explotación minera”. Enusa explica que en la actualidad las actividades de restauración están centradas en la vigilancia y control de las instalaciones radiactivas desmanteladas y las explotaciones mineras restauradas, así como el tratamiento químico de las aguas contaminadas (que es necesario hasta conseguir la calidad adecuada para su vertido directo a cauces públicos).