Jueves, 14 de diciembre de 2017

En funciones

Nos faltaba, para terminar de adornar el sainete que nos va aburriendo ya desde hace largos meses, que el Gobierno que sigue manteniendo la marcha de la principal Administración Pública nos dijera que su actividad no es controlable por el Poder Legislativo.

Acostumbrado a la cómoda mayoría absoluta en la que ha hecho y desecho durante más de cuatro años, se ha creído de verdad eso de que Parlamento y Gobierno es todo uno y que “ancha es Castilla”: el Congreso y el Senado están para obedecer, y como mucho para aprovechar la jugada de que haya alguna ley en tramitación para añadir alguna enmienda sustancial, con el fin de introducir de rondón alguna reforma en la que ni siquiera los órganos consultivos hayan tenido ocasión de pronunciarse de manera preceptiva.

No es novedad la tendencia del Ejecutivo de escaparse de controles y revisiones en la medida de lo posible. Podría decirse con escasa exageración que la historia del Derecho público es, en gran parte, la de historia de los intentos de someter al poder a procedimientos y límites, en beneficio de los derechos de los ciudadanos, e incluso de los extranjeros.

Pero he aquí que hubo elecciones generales, en las que estaba cantado con bastante antelación que nadie conseguiría la mayoría absoluta, y parece mentira que se constate la falta completa de previsión de lo que ocurriría después, de lo que está sucediendo ahora mismo, con respecto a unas posibles nuevas elecciones en las que todo indica que el resultado sería más o menos el mismo.

Las elecciones cambiaron mucho el escenario parlamentario y, por tanto, quedó desajustado de manera provisional el equilibrio existente entre Gobierno y Parlamento. El primero se acoge al argumento de que fue nombrado por otro Parlamento y que no debe responder más que ante aquél. Como aquél ya no existe, eso es lo mismo que defender la ausencia de control parlamentario del Gobierno en funciones. Adiciona a este criterio la suposición fundada de que ceder en esta cuestión sería dar rienda suelta a una propaganda electoral institucionalizada.

Parece que la solución la tendrá que dar el Tribunal Constitucional, aunque como es frecuente lo haga a destiempo y ya sólo para conocimiento y guía de gobernantes futuros. Como en otras ocasiones, la poco sutil dialéctica política se olvida de nuevo del tan mentado sentido común.

¿No hay un Gobierno en funciones? Hay por tanto un gobierno funcionando, actuando, aunque dentro del discutible cauce de los asuntos de trámite. Dirá lo que le corresponda en su momento el Alto Tribunal, pero justamente si actúa el Gobierno es necesario un control, y si me apuran, si lo hace dentro de unos límites más estrechos de lo ordinario, ese control se hace aún más imprescindible.

Lo juicioso sería, por tanto, dejarnos de juegos de salón, y tratar de poner normalidad a la vida pública lo antes posible, y mientras tanto, dejar de justificar ámbitos de inmunidad política que poco tienen que ver con un pleno Estado de Derecho.