Miércoles, 13 de diciembre de 2017

Ciudadanos calcula que la Diputación se gasta 18 millones de euros en competencias impropias

“Suponen cerca del 20% de su presupuesto, sin tener en cuenta el gasto para los Servicios Generales de La Salina”
Jesús de San Antonio y Manuel Hernández, diputados provinciales de Ciudadanos / Foto de Alejandro López

Ciudadanos sostiene que la asunción de competencias de la Junta o del Gobierno de España por parte de la Diputación “suponen en su conjunto casi  18 millones de euros en gastos para los bolsillos de los habitantes de la provincia que ven de esta manera mermar los importes que, de otra manera, se podrían destinar a realizar obras de mejora en sus poblaciones e infraestructuras o de promoción turística e industrial”.

Se trata de funciones asumidas por la institución provincial que no le corresponden y que, por lo tanto, desarrolla sin respaldo económico del titular, es decir, el gobierno regional o el central, especialmente el primero.

“Si bien en el caso de algunas de las competencias que realizan ambos organismos, como aquellas de promoción turística e industrial, puede quedar en duda cuál es la administración responsable, otras no ofrecen discusión, como son el caso de las residencias o de la educación”, explica Manuel Hernández, portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos.

“No sólo se trata de las Residencias, que son el más alto de los costes, sino también de otros aspectos relacionados con servicios sociales, como servicios ofrecidos en los Centros de Acción Social o fomento del Empleo, todo esto sin olvidar el coste que supone para las arcas de la Diputación Provincial la labor de desarrollo industrial que realiza la propia institución y el Organismo Autónomo OADER”, añade.

En cuanto a los centros educativos “de los que dispone a su antojo la Junta de Castilla y León”, son los Ayuntamientos y en muchos casos la propia Diputación “los garantes de la construcción, mantenimiento y vigilancia de los mismos”.

Según los cálculos realizados por Ciudadanos, “estas competencias impropias o no obligatorias suponen a la Diputación Provincial de Salamanca cerca del 20% de su presupuesto sin tener en cuenta el gasto que provocan en la maquinaria de los Servicios Generales de nuestra institución, mientras que si la Junta de Castilla y León asumiese lo que la Ley establece que ha de asumir supondría para la misma en el caso de Salamanca tan sólo una gota del 0,18% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma”.

Por todo esto, esta formación iba a presentar una moción en La Salina para “instar a la Junta de Castilla y León a que asuma de cara al presupuesto autonómico para 2017 y al Gobierno de España a que asuma de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2017 todas las competencias que les son propias y que actualmente gestiona la Diputación Provincial de Salamanca”, si bien, el interés por contar con apoyos de otros partidos ha hecho que se retire, con el fin de elaborar un texto que cuente con más respaldos.