IU asegura que cerca del 40% de las familias en la provincia sufre la pobreza energética

Izquierda Unida pide unidad a los Ayuntamientos en toda la provincia contra la pobreza energética que, asegura, afecta a cerca del 40% de las familias. Para paliarlo, solicita medidas a la administración local y cambios legislativos al Gobierno.

Comunicado de IU Salamanca

La pobreza energética fue definida en 1990 como la "incapacidad (para un hogar) de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible". Este concepto puede ser ampliado a otros servicios básicos como el suministro de agua o gas.

La UE ha impuesto a todos los Estados miembros el modelo de gestión privada del sector energético y otros servicios básicos fundamentales, que ha producido, especialmente en el caso español, elevados beneficios a las empresas y graves perjuicios a millones de familias.

En esa realidad que plasmamos se encuentran cerca del 40% de las familias en la provincia de Salamanca, una circunstancia que queda tristemente reflejada en la última semana donde según ha informado puntualmente el servicio de emergencias 112 se han atendido a 12 personas por motivos relacionados directamente con la pobreza energética, tres de ellos menores de edad.

A los sucesos destacados por la prensa, los más visibles, hay que sumarles el innumerable número de hogares de toda la provincia que no tiene capacidad para afrontar sus facturas, una situación que deriva en muchos casos en circunstancia tales como: fracaso escolar, marginación social, sentimiento de vergüenza, ruptura familiar? es duro saber que hay familias que no pueden asearse con agua caliente; que hay niños que hacen sus deberes con cazadora; que para muchas familias finaliza el día cuando se esconde el sol marchándose a la cama para paliar el frio; que matan las horas en las zonas comunes de los centros comerciales en los días más fríos.

Desde Izquierda Unida llevamos años canalizando esta necesidad ciudadana a todos los niveles institucionales. Nuestros concejales en toda la provincia también han puesto sobre la mesa en multitud de ocasiones la problemática así como han plasmado soluciones concretas en los municipios donde tenemos representación institucional, como por ejemplo los casos de Santa Marta en el año 2014 o Béjar en el año 2015, pero la realidad social nos empuja no solo a denunciar la situación y plantear soluciones desde nuestras siglas, sino a pedir que el resto de formaciones alcancen el mismo grado de compromiso para que toda persona tenga garantizadas unas condiciones de vida dignas.

Por todo lo expuesto desde Izquierda Unida queremos pedir a todos los ayuntamientos de la provincia y a la propia Diputación provincial que:

1. - Se elabore un plan contra la pobreza energética con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.
2. - Solicitar al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Igualmente, en la citada Ley se establezca medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Que se cree el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias.
3. - Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3//1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico.
4. - Para garantizar el derecho a estos servicios proponemos la recuperación del carácter público de las empresas que suministran los servicios y mercancías fundamentales: energía, gas y agua. Gestionando producción y distribución desde el sector público podemos garantizar suministros mínimos vitales para todas las personas.

Por todos los motivos expuestos, sin olvidar que esta lacra silenciosa afecta a nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo o nosotras mismas, animamos a la movilización ciudadana como pieza fundamental para detener los intentos de privatización del agua y la energía, necesarias para una vida digna, que no puede ser una mercancía.