Jueves, 14 de diciembre de 2017

Un total de 276 empresas se descuelgan de los convenios en Castilla y León

La inaplicación de los pactos afecta a más de 7.000 trabajadores de la comunidad desde la implantación de la reforma laboral

La inaplicación de las condiciones laborales pactadas en convenios colectivos tras la reforma laboral aprobada en febrero de 2012 por el Gobierno del PP afectó hasta finales del año pasado a 7.051 trabajadores de Castilla y León, correspondientes a 276 empresas, que apostaron por el descuelgue, lo que supone un empeoramiento de las condiciones establecidas en los acuerdos sectoriales.

Además, desde la nueva regulación del mercado laboral se aprobaron en la comunidad, 80 nuevos convenios de empresa, para 4.449 empleados. Sin embargo, si en 2012 había 330 convenios de empresa sobre 34.188 trabajadores, en 2016 se contabilizan 331 para 31.761, solo uno más, lo que refleja el cierre de empresas

Y es que la reforma laboral, como recuerda el adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CC OO en la comunidad, Fernando Fraile, “abrió un agujero” y supuso un ataque directo a la negociación colectiva, ya que impulsó tres frentes para individualizar las relaciones laborales y dejarlas a la “arbitrariedad del empresario”, con la preferencia por los convenios de empresa, la facilidad para los descuelgues; y la eliminación de la ultraactividad (prórroga automática de los acuerdos). “Es imprescindible que se derogue la normativa y retornar a la etapa anterior para volver a equilibrar las relaciones laborales, porque todos los cambios han ido dirigidos a degradar las condiciones laborales recogidas en los convenios y a cargarse la negociación colectiva”, dijo a Ical.

Retroceso

Fraile indicó que antes de la crisis y la reforma laboral, los convenios de empresa se utilizaban como vía para mejorar las condiciones de los sectoriales, y tras la modificación legislativa, se han empleado sistemáticamente para retroceder. Además, la modificación de condiciones estaba prohibida si había un convenio en vigor y ahora no, y los acuerdos sectoriales suponían un suelo, que la reforma desmoronó. Como ejemplo, precisó la variación salarial el año anterior, que fue en los convenios de sector (185, que constituyen un paraguas para 305.000 empleados de Castilla y León), del 0,55%, mientras que en los de empresas se situó en el 0,31%.

Fernando Fraile aclaró que antes de 2012 los descuelgues “no se utilizaban mucho” y solo eran posibles los salariales y por causas económicas. Sin embargo, la reforma del PP, dijo, ampara los descuelgues de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos estatutarios incluyendo desde los complementos a las prestaciones incapacidad, a la jornada, los horarios o las vacaciones... es decir, “casi todo el convenio·. Asimismo, recalcó que las causas que se contemplan ya no son solo económicas, sino que se pueden aducir circunstancias «técnicas, organizativas y de producción”.

Peores condiciones

El portavoz sindical indicó que prácticamente la totalidad de los descuelgues, según datos sindicales, el 98%, se suscribieron para empeorar las condiciones laborales de los convenios sectoriales; lo que rompe la homogeneidad en las condiciones laborales en un mismo sector entre trabajadores y se impulsa una “competencia desleal” entre las empresas (dumpig). “Todas se descuelgan del régimen salarial y en cada caso algunas tocan también la jornada, los complementos de prestaciones por incapacidad temporal, la distribución de horarios, las vacaciones...”, afirmó

Las inaplicaciones se produjeron en su inmensa mayoría, en el 80%, concretó, en empresas sin representación sindical. Asimismo, más del 70% de los descuelgues se registraron en empresas con entre uno y diez trabajadores.

En este contexto, Fernando Fraile destacó que en la mayor parte de los casos el empresario llega a la plantilla y advierte de que sino “inaplican” tendrá que despedir, y se dan casos en los que acude con el acta de la comisión ya elaborada con las nuevas condiciones, que remitirá firmadas a la autoridad laboral, porque “el trato directo con el empresario» por el trabajador, «nunca puede ser igual que a través de un representante sindical en una mediana o gran empresa, porque se impone el miedo”.