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La Junta contrata por 1,1 millones de euros el seguro para cubrir los daños por ataques de lobo
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INCLUYE OTRAS COMO EL OSO PARDO Y LA ABUTARDA

La Junta contrata por 1,1 millones de euros el seguro para cubrir los daños por ataques de lobo

Actualizado 17/03/2016
Redacción

En el caso de que las reclamaciones sean estimadas, la compañía aseguradora indemnizará al ganadero en un plazo máximo de 15 días desde la recepción del parte

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha comunicado al Consejo de Gobierno el acuerdo de contratación por importe de 1.100.250 euros para un seguro de responsabilidad civil y patrimonial para atender las indemnizaciones, derivadas de cualquier responsabilidad atribuida a la Junta de Castilla y León para cubrir los daños materiales y perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes y gastos judiciales y extrajudiciales ocasionados por la fauna silvestre no cinegética, en concreto por el lobo ibérico al sur del río Duero, por el oso pardo en toda su área de distribución autonómica y por la avutarda en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. A su vez, supone una reorganización de todos los seguros para las indemnizaciones por fauna silvestre.

Esto supone una ampliación de la póliza actualmente vigente que desde 2001 incluye también los daños provocados por las especies cinegéticas en las reservas regionales de caza, cotos de caza, zonas de caza controlados, Refugios de fauna declarados por la Junta de Castilla y León y terrenos vedados propiedad de la Administración autonómica.

En este último caso, daños en las reservas regionales de caza, el seguro entrará en vigor el 1 de enero de 2017, fecha en que finaliza la póliza actualmente en vigor.

El protocolo de funcionamiento establece que ante una reclamación deberá intervenir un agente forestal o medioambiental o un celador de medio ambiente, quien evaluará y redactará un parte de siniestro que a su vez deberá ser informado por un técnico de la Consejería. Si la reclamación es estimada, la compañía aseguradora indemnizará a los perjudicados según los baremos oficiales en un plazo máximo de 15 días desde la recepción de la documentación.

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