Martes, 12 de diciembre de 2017

Los límites de la (ir) responsabilidad

Encuadrar con precisión las tareas de las que uno debe ocuparse es algo siempre necesario. Cuando se inicia un trabajo nuevo se presta atención para saber qué competencias se van a tener, en qué tiempos se desarrollarán, y dónde comenzarán las de los otros. Es raro ejercer una actividad sin que la misma no esté perfectamente tasada en un marco de deberes y derechos. Sin embargo, a veces hay funciones  en las que no es posible definir el ámbito de actuación que se convierte en permanente y de difícil acotación. Por ejemplo: la dedicación de un médico. Se dice también de la responsabilidad de los padres para con los hijos, por mucho que éstos cuando alcanzan la mayoría de edad deberían desligar a aquéllos de tal ligadura.

La política no se evade de este escenario complejo. Buena parte de su práctica está reglada por normas con distinto alcance recogidas en la Constitución, pero también en un reglamento municipal. Aunque se cambien cada cierto tiempo, son disposiciones rígidas que demandan claridad extrema para que ni se produzcan abusos ni sorpresas procedimentales. Así mismo se desea que no generen interpretaciones interesadas de parte. Ahora bien, por muy exquisito que fuera el legislador y diligente la clase política en su autorregulación cotidiana, pueden darse vacíos; situaciones en las que el correcto funcionamiento de una determinada función no esté suficientemente determinado.

La responsabilidad política es una de las funciones trascendentales en el arte del gobierno cuyo desempeño es básico para el equilibrio de los poderes del Estado, el respeto a las instituciones y la generación de confianza entre la ciudadanía para con la cosa pública. Su regulación es minuciosa, pero en el variopinto acontecer de la política pueden generarse situaciones imprevistas por el legislador y sobre las que además pudiera no haber experiencia acumulada. En España donde por primera vez en casi cuarenta años el gobierno se acerca a los tres meses de estar en funciones esta novedad comienza a producir situaciones estrafalarias. El Gobierno sostiene que no debe dar cuenta a las Cortes actuales porque ellas no lo eligieron. Precisamente porque las Cortes siempre representan la soberanía popular y porque además cuentan con la representación más reciente del electorado no es de recibo escudarse en trucos de colegial para no hacer los deberes.  Por mucho que sus límites sean difusos, se trata simplemente de una irresponsabilidad mayúscula.