Miércoles, 13 de diciembre de 2017

40 años de impunidad

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Este jueves se han cumplido 40 años de la llamada Matanza de Vitoria, cuando cinco obreros (uno de ellos salmantino) fueron asesinados por la policía en la capital alavesa, tras una asamblea de trabajadores convocada en la iglesia de San Francisco del barrio vitoriano de Zaramaga.

Corría el año 1976 y, el 9 de enero, los trabajadores de Forjas Alavesas decidieron iniciar una huelga para reivindicar unas mejores condiciones laborales así como libertades sindicales. A ellos se sumaron posteriormente los trabajadores de otras fábricas vitorianas, como Aranzábal, Areitio, Cablenor, Gabilondo, Galycas, Huarte, Mevosa, Olazábal o Tuboplax. Debido a la falta de libertades del momento, estando prohibido el derecho de reunión, los trabajadores utilizaban las iglesias para reunirse, pues en función del Concordato vigente entre España y el Vaticano, la policía no podía entrar en los templos salvo que contasen con una autorización expresa por parte de la Iglesia católica.

El 3 de marzo de 1976, se realizaba una huelga general en Vitoria en solidaridad con los trabajadores que llevaban dos meses sin ir a trabajar y, por tanto, sin cobrar (por reclamar, como se ha dicho, mejoras laborales y libertades sindicales). Vitoria se paralizó ese día y, tras algunos disturbios por la mañana, se llegó a las cinco de la tarde, cuando estaba convocada en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga una asamblea de la ‘Coordinadora de Comisiones Representativas de Empresas en Lucha’. Los obreros acudieron en masa a la misma y la iglesia se llenó con varios miles de trabajadores en su interior, dándose cita la policía fuera del templo.

Ante la masiva asistencia, se ordenó por parte del mando policial que acudiesen a la zona todos los policías destinados en Vitoria, uniéndose a ellos otros de la Reserva de la Policía Armada de Miranda de Ebro, San Sebastián y Valladolid. Apenas diez minutos después del inicio teórico de la asamblea, el gobernador civil daba la orden de desalojar la iglesia de San Francisco sin el permiso de las autoridades eclesiásticas y, por tanto, violando lo establecido en el Concordato, pues tanto el obispado como el propio párroco negaron desde el primer momento que se hubiese expedido permiso alguno a la policía para entrar en la iglesia.

La policía armada, tras la orden de “gasead la iglesia” recogida en las emisoras policiales, entró por una puerta de la iglesia lanzando gases lacrimógenos que provocaron el caos y el intento de huida en masa de los obreros concentrados en el templo que, al intentar salir, descubrieron la ‘bienvenida’ que le daban los agentes policiales, que cargaron indiscriminadamente contra los trabajadores que salían del templo, recibiéndolos con disparos.

Fruto de estos disparos dos trabajadores, el asturiano Francisco Aznar Clemente y el alavés Pedro María Martínez Ocio fallecieron en el propio lugar de los hechos. El cacereño Romualdo Barroso Chaparro, que quedó gravemente herido, falleció poco después, mientras que el salmantino José Castillo García murió el día 7 en el hospital, fruto de la gravedad de las heridas, hecho por el cual el burgalés Bienvenido Pereda falleció también un mes después. A ellos se sumaban la larga lista de heridos por disparos o por golpes, que elevaron a casi un centenar la cifra de heridos, de los cuales 47 fueron hospitalizados, la mayoría por heridas de bala, dos de los cuales fallecieron posteriormente, como ya se ha indicado.

Las grabaciones de las conversaciones policiales de dicho día, por su parte, revelan algunas frases escalofriantes. Desde el “hemos contribuido a la paliza más grande de la historia”, con que se jactaba un agente de haber creado un baño de sangre, al “aquí ha habido una masacre” que revelaba otro policía con un tono de cierta preocupación, respondido por su superior con un “de acuerdo, de acuerdo”, a lo que insistió el interlocutor con un “oye, pero de verdad una masacre”, sin recibir respuesta de su mando superior. Del resto de grabaciones se pueden destacar pequeños diálogos como el “¿Qué tal está el asunto ahora por ahí?” respondido con un “Te puedes figurar, después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, pues ya me contarás como está toda la calle y cómo está todo”. No obstante, lo que sí parece quedar claro es que la idea de los altos mandos orbitaba en torno a dar un escarmiento al movimiento obrerista de la época, pues al comienzo de las grabaciones policiales, ante la pregunta de un agente de “al parecer en la iglesia de San Francisco es donde más gente hay. ¿Qué hacemos?” la respuesta de su superior fue contundente: “Si hay gente ¡A por ellos!”.

De este modo, una ciudad, Vitoria, se tiñó de luto, pero a ella se sumaron las localidades de donde eran oriundos los obreros muertos, la mayoría de los cuales eran simplemente jóvenes que habían emigrado de su tierra en busca de un futuro mejor. Sama de Langreo, Morasverdes, Brozas, Salazar de Amaya y Vitoria eran las patrias ‘chicas’ de estos trabajadores, que oscilaban entre los 17 y los 32 años el día que una orden ‘de arriba’ decidió dar luz verde a una estrategia que segó sus vidas, marchitando unas flores en pleno proceso de florecimiento. Varios fueron los huérfanos que dejó esta tragedia. Nuestro paisano José Castillo dejó un niño de un año y una niña de diez, mientras que Bienvenido Pereda dejó un bebé de trece meses. Huérfanos sin padres, asesinatos sin procesados, país sin memoria, país sin vergüenza.

Y es que cuarenta años después de dicha matanza, sigue sin haberse sometido a nadie a un juicio civil para esclarecer los hechos, ni el Estado ha decidido tomar cartas en el asunto para intentar clarificar todo con pelos y señales. Esta semana, de hecho, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, ha recordado que “juzgar a los culpables del 3 de marzo es una exigencia ética y jurídica para España”. No obstante, a día de hoy nadie ha pagado por ello. El responsable político directo de estos hechos era el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, que declaró “la calle es mía”. Otro responsable señalado fue Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Relaciones Sindicales. En todo caso, la mítica frase de Fraga se aplicó hasta las últimas consecuencias, pues las manifestaciones de protesta por los sucesos de Vitoria realizadas en algunos lugares de España dieron como resultado la muerte de dos trabajadores más, de 19 y 18 años, uno en Tarragona (Juan Gabriel Rodrigo) y otro en Basauri (el zamorano Vicente Antón Ferrero, que recibió un tiro en la cabeza por parte de un guardia civil).

Han pasado 40 años desde dichos sucesos, y desde entonces España ha cambiado mucho, como han cambiado también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no obstante, lo que sigue vigente es la impunidad de los responsables de estos hechos. Pero no se queda la cuestión simplemente en que no haya habido condenados, sino que los familiares de estas víctimas del terrorismo de Estado siguen sin ser calificadas como víctimas del terrorismo, lo que supone una auténtica vergüenza para un país que se hace llamar democrático. España debería abrir un proceso de investigación de los hechos que ocurrieron aquel 3 de marzo de 1976 en Vitoria y los días siguientes en Tarragona y Basauri y calificar a estas personas que murieron por los derechos de los trabajadores como víctimas del terrorismo. No se puede construir una democracia negando sus derechos a quienes ayudaron a construirla.